A finales de 2021, en el mundo 53 millones de personas se habían desplazado internamente debido a conflictos armados y otras formas de violencia, señaló Josep Herreros, representante asistente para protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México.

El desplazamiento interno puede generar múltiples impactos y violaciones a los derechos de las personas afectadas. Las y los impartidores de justicia juegan un papel muy importante para asegurar que las personas desplazadas internas y las comunidades en riesgo de desplazamiento accedan a mecanismos que garanticen la protección y restitución de sus derechos. Ejemplo de ello son los casos de Colombia y El Salvador que, mediante sentencias de sus cortes constitucionales, lograron el desarrollo de leyes y políticas públicas especializadas en la materia, dijo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el Manual sobre desplazamiento interno, herramienta que permitirá que las personas juzgadoras que examinen casos relacionados con desplazamiento interno y comunidades de acogida puedan aplicar estándares internacionales sobre los derechos de esta población, así como las obligaciones sobre medidas de prevención, asistencia humanitaria, protección, soluciones duraderas y reparación integral del daño.

El manual fue elaborado por la coordinación académica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el ACNUR, con la participación de especialistas en la materia.

Datos del Observatorio de Desplazamiento Interno calculan que hasta 2021 en México había 379 mil personas desplazadas internas por situaciones de violencia, así como 23 personas en situación de desplazamiento por desastres.

Regina Castro, directora general de Derechos Humanos de la SCJN, manifestó que México ha tomado los primeros pasos para el abordaje integral del desplazamiento interno, ya que en 2019 el gobierno reconoció por primera vez la ocurrencia del desplazamiento forzado interno a escala nacional.

A esto se suma que Guerrero, Chiapas y Sinaloa han elaborado leyes estatales al respecto y que en Sinaloa, Sonora y Guerrero se ha tipificado el desplazamiento arbitrario como delito.

Cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados u otras situaciones de violencia se enfrentan a vulneraciones a sus derechos como la falta de acceso a servicios básicos y alimentos, separaciones familiares, la carencia de un hogar seguro o dificultades para trabajar y acceder a la educación. Las personas desplazadas no han cruzado una frontera internacional y, por lo tanto, el propio Estado tiene la obligación de protegerlas. Ahí juega un papel importante el Poder Judicial, dijo Miguel Ramírez, jefe de operaciones del CICR en México.