Contratar deuda para pagar deuda. En el transcurso de la actual administración, el endeudamiento del sector público acumula un incremento de 2 billones 644 mil 676 millones de pesos; cifra que, vista por sí sola, representa un crecimiento de 25 por ciento desde finales de 2018, cuando se inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una de cuyas premisas es no endeudar al país.

Estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evidencian que entre el cierre de noviembre de 2018 y abril del año en curso, el Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público Federal (SHRSPF) –la medida más amplia de la deuda pública– pasó de 10 billones 480 mil 575 millones de pesos a 13 billones 125 mil 251 millones.

Medido como proporción del tamaño de la economía, el SHRFSP fue equivalente a 44.85 por ciento del producto interno bruto (PIB) al cierre de 2018, relación que en marzo de 2022 se elevó a 45.39 por ciento del PIB, de acuerdo con Hacienda. En 2020 y 2021, como consecuencia de la contracción económica derivada de la pandemia, esas proporciones fueron de 51.73 y 49.99 por ciento del producto, según la misma fuente.

Frente al planteamiento de que no se ha contratado deuda, el incremento de las obligaciones a un ritmo de 2 mil 120 millones de pesos por día, reflejan una serie de factores: ajustes por la inflación y el tipo de cambio, el costo de los intereses e incluso la contratación de algunos créditos con organismos financieros internacionales y bilaterales.

Arturo Ortiz Wadgymar, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, considera que los aumentos en el endeudamiento corresponden más a ajustes y no necesariamente con la contratación de nuevos créditos. Es más una estrategia de pedir prestado para refinanciar el pago de intereses de otra deuda, abunda.

Los informes de Hacienda dan cuenta de que en los 41 meses que hay registro de la administración de López Obrador, el costo financiero de la deuda –intereses, comisiones y pagos por administración de las obligaciones financieras– ha sido de 2 billones 389 mil 952 millones de pesos, cifra que equivale a 90.4 por ciento del crecimiento nominal que tiene la deuda pública.

En el manejo de los pasivos del gobierno federal se han gastado un billón 780 mil 272 millones de pesos (74.49 por ciento del costo financiero total); en el rescate bancario que se arrastra de la década de los noventa, 121 mil 331 millones de pesos (5.08 por ciento); en los intereses y comisiones por la deuda de Petróleos Mexicanos, 410 mil 110 millones (17.16 por ciento), y en los de la Comisión Federal de Electricidad, 78 mil 238 millones de pesos (3.27 por ciento), de acuerdo con información oficial.

Empresas del Estado

Sólo el año pasado, se gastaron 686 mil 689 millones de pesos en el costo financiero del sector público, monto equivalente a 67.2 por ciento del billón 21 mil 175 millones de pesos en que creció el SHRFSP durante el mismo periodo y el cual abarca el endeudamiento del gobierno federal y de las entidades que actúan por cuenta de éste, las empresas productivas del Estado –Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad– y la banca de desarrollo.

En la Cuenta Pública 2021 se detalla que en el gobierno federal (que considera la administración central, no todo el sector público), el endeudamiento interno neto fue de 701 mil 98 millones de pesos, a lo que se suman ajustes contables al alza por 172 mil 251 millones de pesos; mientras el externo alcanzó 4 mil 560 millones de dólares, el cual se acompañó de una reducción de 2 mil 59 millones de dólares debido a las operaciones de manejo de la deuda y a la variación del dólar respecto a otras monedas.

Estos movimientos en la deuda durante el año pasado también están compuestos por la contratación de tres créditos con organismos internacionales, que en conjunto equivalen a 2 mil 200 millones de dólares, alrededor de 44 mil 594 millones de pesos, exhibe Hacienda a través de la Cuenta Pública 2021.

Dos de los financiamientos son con el Banco Mundial por los programas Políticas de Resiliencia Urbana y Sustentabilidad Ambiental y Fortalecimiento de la Sostenibilidad Económica en México; y otro más de 700 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para el proyecto Gestión Pública y Transparencia para la Competitividad.

También se reporta la contratación de dos líneas de crédito con organismos bilaterales. Una con la Agencia Francesa de Desarrollo por 277 millones 900 mil dólares para Apoyo a la Biodiversidad en los Sectores Productivos, Agrícolas y Pesqueros; y otra con K-Sure por 500 millones de dólares.

Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico en Monex Casa de Bolsa, explica que el costo financiero de la deuda puede incrementar derivado de las políticas de un gobierno, expectativas de crecimiento, inversión y el manejo de las finanzas públicas. Todos los anteriores son aspectos que evalúan las calificadoras de riesgo, cuyas notas dan un parámetro a inversionistas de qué tanto cobrar por prestar a un país. Entre más riesgo, más caro el crédito.

La pandemia fue un factor externo y que México no se haya endeudado como otros países tuvo un efecto doble, detalla Quiroz. Por un lado, se pudo inyectar ese dinero a la producción con el objetivo de generar mayor crecimiento en el mediano plazo y con eso reducir la deuda. Eso es un escenario ideal, pero no necesariamente resulta así. Otros emergentes así lo hicieron y ahora tienen una alta deuda sin haber generado la actividad económica que les permita pagarla, ejemplifica.

México, al no haber emitido mayor deuda, hoy por hoy se compara bastante bien en relación con los países que sí se endeudaron más, agrega. No obstante, si bien el país tiene fundamentos sólidos, falta mejorar su calificación crediticia para hacerlo más atractivo y reducir las tasas a las que se financia, completa Quiroz.

Blindada contra la inflación

El año pasado, cuando las presiones en precios arrancaron por el lado de los energéticos, los inversionistas aumentaron sus posiciones en deuda mexicana blindada contra cambios bruscos en la inflación, los Udibonos, y se redujo la proporción de deuda a tasa fija, reporta Hacienda.

Como porcentaje de la deuda colocada, los Udibonos pasaron de 25.8 por ciento en 2020 a 28.5 por ciento el año pasado; mientras la tasa fija se redujo de 48.7 por ciento a 42.6 por ciento. El resto se repartió en Cetes y Bondes D, que no tuvieron variaciones tan marcadas, y comenzaron a ocupar terreno los nuevos Bondes F.

Janneth Quiroz refiere que el incremento en la tenencia de Udibonos responde a que estos instrumentos pagan una tasa real, descuentan la inflación, y son útiles en periodos de alta volatilidad en precios. Por el contrario, los Bonos en tasa fija pagan a un valor nominal.