Con el propósito de contener su gasto operativo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elaboró una guía para racionalizar las erogaciones y fortalecer su disciplina financiera.

El TEPJF es el máximo tribunal electoral del país y para este año le fue autorizado un presupuesto de 4 mil 775 millones de pesos para las salas superior y regionales.

El órgano goza de holgura por ser parte del Poder Judicial, y en años recientes varios trabajos periodísticos han señalado que los magistrados llevan una vida de lujo, muchas veces con cargo al erario. Según las notas, los jueces tenían a su disposición vehículos de modelo reciente y/o blindados, así como escoltas y choferes.

También era común –admitido incluso por normas internas– viajar al extranjero en clase premier, hospedarse en hoteles de gran turismo, llevar acompañantes y usar a discreción tarjetas de crédito institucionales. Incluso podían dejar de comprobar hasta 30 por ciento de viáticos (La Jornada, 20 de abril de 2012).

El TEPJF no está en la mira de la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca una reducción presupuestal de por lo menos 33 mil 129 millones de pesos en el ámbito electoral.

Sin embargo, ayer fue publicada la guía, dentro de la presidencia de Reyes Rodríguez Mondragón, quien llegó al cargo en septiembre pasado –y concluye en octubre de 2024– luego de la destitución de José Luis Vargas.

Propuestas

La guía propone, por ejemplo, la creación de una plataforma digital de contrataciones públicas, reducir las rentas y los gastos de oficina y ajustes en los viáticos.

Sugiere que los vuelos internacionales preferentemente sean en clase turista y se disminuya al mínimo el consumo de bebidas y alimentos.

Menciona que en 2019 se ejerció 17.66 por ciento adicional al presupuesto autorizado para las partidas seleccionadas en las que supuestamente se debió haber tenido racionalidad.

Para 2022, el TEPJF prevé ahorros por 15.6 millones de pesos, así como ingresos excedentes por 16.3 millones.

Entre la lista de objetivos se lee, por ejemplo, desincorporar 51 unidades del parque vehicular y contener el gasto en vales de comida, telefonía, materiales de oficina y en comisiones oficiales.