La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no acreditó que hubiera una falla estructural en el inmueble del deportivo Guelatao que pusiera en riesgo a los usuarios, tal y como argumentó para ordenar su cierre, luego de que había sido remodelado en la anterior administración.

Martí Batres, titular de la dependencia, sostuvo que la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa no es un asunto político-partidista, como arguye la funcionaria, sino el resultado de la investigación que realizó la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México a partir de denuncias ciudadanas.

Recordó que el deportivo fue rehabilitado en 2020 con una inversión superior a los 34 millones de pesos y reabierto el 31 de agosto del año siguiente. A poco más de un mes de su reinauguración, el 10 de octubre, fue cerrado por la nueva titular de la alcaldía por supuestas fallas estructurales, refirió.

La autoridad tenía que determinar si la inversión que se había realizado no había cumplido con su objeto o si el cierre del deportivo Guelatao no tenía lugar, no tenía sentido alguno. Entonces, al hacer la investigación, el órgano de control interno encuentra que se hace sin que se acreditara que hubiera una falla y además de que hay un perjuicio a las actividades que ahí se desarrollan.

Dictamen es del Tribunal de Justicia, no del gobierno

El funcionario indicó que de acuerdo con la normativa, la Contraloría tiene que entregar los resultados de la investigación al Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo que determina la sanción después de todo el procedimiento. “No es el Gobierno de la ciudad ni los órganos de control “.

Dijo que todas las alcaldías tienen plena libertad para trabajar, pero también tienen responsabilidades, y de acuerdo con el marco legal, los órganos de control son los que fungen como su contrapeso. Vale la pena señalar aquí que son procedimientos normales y que todos los órganos que tienen responsabilidades en la Ciudad de México están sujetos a estos mecanismos de fiscalización y de control. Nadie escapa a ellos.

En ese sentido, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que la alcaldesa debería de apelar a las instancias jurídicas, porque no se trata de un asunto político, sino por las quejas ciudadanas que se han planteado y siguen su propio curso.