El gobierno federal está de acuerdo en resarcir o indemnizar a los pequeños propietarios de tierras que fueron desplazados por el conflicto armado de Chiapas, dijo el director de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Lorenzo Gómez.

En una reunión con la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación (Cocopa), explicó que se trabaja en la creación de una carpeta que se entregará al Poder Ejecutivo, la cual servirá para analizar sus posibilidades financieras de etiquetar recursos dentro del Presupuesto de Egresos para el pago de dichas afectaciones.

Gómez Hernández informó que se han realizado reuniones inter-institucionales entre la Secretaría de Gobernación, la Cocopa y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para determinar las figuras jurídicas que coadyuven a dar pronta solución a las demandas de los pequeños propietarios que datan de hace 28 años.

Durante los meses de julio y agosto de este año se harán los estudios de factibilidad financiera para el pago de la indemnización, mientras que en septiembre próximo ya se estarían entregando los puntos de acuerdo al titular del Poder Ejecutivo para que se trabaje en el Presupuesto, reveló el funcionario.

Por otra parte, personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la SG se reunió con familias que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno de las comunidades de Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca, con el fin de establecer la ruta de atención para un retorno seguro, garantizando su derecho al territorio.

El encuentro se efectuó en Tlaxiaco, como parte del seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló Gobernación.

También destacó que se revisó el caso de familias de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, donde existe un conflicto agrario, y por lo cual se revisan acciones para remover los factores de riesgo.

En un comunicado, explicó que dichas reuniones se dan en cumplimiento al artículo 25 del reglamento de la CIDH, que señala la obligación de adoptar medidas para salvaguardar la vida e integridad de las familias, a fin de evitar un daño irreparable.