Londres. El primer vuelo que se tenía previsto ayer por el gobierno británico con el fin de expulsar a migrantes indocumentados a Ruanda, fue cancelado debido a una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a recursos legales de última hora, en lo que se consideró un revés para el premier Boris Johnson.

Londres iba a expulsar al país africano a 10 migrantes, en la primera aplicación de una polémica política defendida como cuestión de principios, y supuestamente encaminada a destruir el negocio de los traficantes de personas.

El avión fletado, que costó cientos de miles de euros, se quedó en tierra.

Último boleto cancelado. Nadie va a Ruanda, tuiteó la organización de apoyo a los refugiados Care4Calais.

El gobierno de Johnson quiere enviar a migrantes a Ruanda para desalentar las llegadas irregulares a través del Canal de la Mancha.

Johnson aseveró: lo que realmente importa es establecer el principio y romper el modelo de negocio de estas personas atroces, esos traficantes que comercian con la angustia de los migrantes. No vamos a dejarnos disuadir ni obstaculizar de ninguna manera por algunas críticas.

Desde principios de año, más de 10 mil indocumentados han cruzado desde las costas francesas a las inglesas en precarias embarcaciones, lo que supone una cifra récord respecto de años anteriores.

En virtud de su acuerdo con las autoridades ruandesas, Londres financiará el plan con 120 millones de libras. El gobierno de Kigali afirmó que ofrecerá a los migrantes la posibilidad de establecerse.

La Iglesia anglicana se manifestó contra esta política en una carta publicada en el diario The Times, mientras el príncipe Carlos calificó de espantoso el plan de expulsión. También la Organización de Naciones Unidas criticó el acuerdo entre Londres y Kigali.

La canciller Liz Truss rechazó estas críticas y aseguró que Ruanda es un país seguro.

La nación africana está bajo el mando del presidente Paul Kagame desde el final del genocidio de 1994, en el que murieron 800 mil personas.