tres meses y medio de las elecciones generales, en Brasil se percibe una tensión que no hace más que incrementarse de manera acelerada cada día.

El ultraderechista presidente Jair Bolsonaro no sólo repite, sino que aumenta el tono de sus ataques diarios al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Superior Electoral, reiterando que no aceptará los resultados que no sean auditables, además exige el retorno de la votación en boletas de papel. Ni siquiera sus aliados más cercanos y los experimentados dirigentes políticos asociados con él logran bajar la intensidad de las agresiones y amenazas. De nada valen los avisos de que su furia descontrolada puede ahuyentar electores que no son exactamente bolsonaristas, pero no quieren un eventual retorno de Lula da Silva a la presidencia.

Se consolida cada vez más la perspectiva de que una derrota de Bolsonaro provocaría serios conflictos callejeros entre sus seguidores más extremistas y los opositores.

Hay un dato específico que sirve como base para ese temor: gracias a la liberación indiscriminada de armas a la población, ahora entre clubes de tiro al blanco, cazadores registrados, ciudadanos comunes, los sicarios y la policía militar (fuerte base electoral del ultraderechista) hay más gente con ellas que en las tres fuerzas armadas.

La situación económica sigue en franco deterioro, con una inflación superior a 11 por ciento en los últimos 12 meses. No hay ninguna señal en el horizonte de que esto pueda revertirse a corto plazo, debido a la ausencia de una política económica viable.

En tanto, datos revelados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, uno de los pocos órganos gubernamentales que no fueron manipulados por Bolsonaro, indican que entre 2020 y 2021 la renta promedio de los brasileños alcanzó su nivel más bajo en 10 años. Aún más: el año pasado 106 millones de brasileños –la mitad de la población– logró sobrevivir con alrededor de 2.5 dólares por día. Eso significa una baja de 15 por ciento en relación con 2020, mientras crecieron la inflación y el hambre.

Al tratar de eximirse de cualquier responsabilidad por la crisis social provocada por la debacle económica, Bolsonaro dice que los culpables son intendentes y gobernadores que defendieron el aislamiento social en el auge de la pandemia, que provocó la muerte de al menos 670 mil brasileños.

A este contexto de fuerte convulsión interna se sumó a lo largo de la semana pasada una nueva y contundente presión externa, ejercida por varios gobiernos extranjeros –empezando por el británico– y la misma ONU.

Desde la mañana del 5 de junio se desconoce el paradero del periodista británico Dom Phillips, colaborador permanente de diarios como The Guardian y The New York Times, y el indigenista brasileño Bruno Pereira, uno de los más activos y eficaces defensores de los pueblos originarios de la amazonia, quienes desaparecieron en la región del Valle de Javarí, cercano a la frontera del estado de Amazonas con Perú y Colombia.

Phillips colectaba material para un libro que prepara en torno a la región amazónica, sus pobladores y los riesgos de destrucción tanto del medioambiente como de personas. Pereira lo ayudaba junto a dirigentes indígenas. El brasileño era blanco frecuente de amenazas de invasores, mineros ilegales y narcotraficantes que, bajo el incentivo del gobierno de Bolsonaro, intensificaron sus acciones e incrementaron la violencia, frente a la inmovilidad de las autoridades responsables de la defensa tanto del medioambiente como de la población indígena.

La increíble lentitud del gobierno brasileño en movilizar equipos de rescate para localizar a los dos desaparecidos provocó el despliegue de dirigentes indígenas que se encargaron de buscarlos.

La intencional inercia gubernamental provocó críticas durísimas dentro y fuera de Brasil. Como ejemplo redondo está la declaración contundente, el pasado viernes, de Ravina Shamdasani, vocera del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, en la cual exigió que el gobierno brasileño abandone la actitud extremadamente lenta demostrada hasta ahora y redoble los esfuerzos para encontrar a Dom Phillips y Bruno Pereira.

También el viernes, y mintiendo como siempre, Bolsonaro aseguró en la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, que su gobierno realiza una búsqueda incansable de ambos.

Olvidó mencionar que recién el jueves, luego de cuatro días de la desaparición de Phillips y Pereira, su gobierno mandó un helicóptero para la región.

En amarga coincidencia, el mismo viernes Alessandra Sampaio, compañera de Phillips desde hace nueve años, reconoció en entrevista al diario O Globo que ya no tiene esperanzas de que él esté vivo y añadió que espera recuperar el cuerpo para darle un entierro digno.