La figura de los superdelegados es constitucional, pues no vulnera el principio de seguridad jurídica ni las bases del sistema federalista, dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El voto de la ministra Loretta Ortiz fue determinante para lograr la mayoría simple que permitió tomar esta decisión, pendiente desde la semana pasada.

Desde el 17 de mayo el pleno de ministros comenzó a analizar el tema, pero al votar quedaron empatados a cinco, resultado suficiente para declarar infundada la impugnación. Sin embargo, el ministro presidente Arturo Zaldívar propuso esperar a que regresara Ortiz Ahlf, quien se encontraba en comisión oficial, para ver si reunían una mayoría de seis votos, lo que permitió declarar la validez de los superdelegados.

Ayer, al argumentar su voto, Ortiz señaló que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigentes desde el 30 de noviembre de 2018, no trasgreden el principio constitucional del federalismo.

Considero que ni el texto normativo ni de la intención legislativa se advierte que la finalidad de la creación de las delegaciones sea establecer facultades a favor de éstas para intervenir, condicionar o tomar decisiones sobre aspectos que constitucionalmente sólo corresponden a las entidades federativas o a los municipios.

Explicó que la actividad de los superdelegados está claramente definida dentro de las atribuciones de la Secretaría del Bienestar y comprenden la aplicación de planes y programas de beneficio social para la población con base en los recursos asignados por el presupuesto de egresos de la federación.

Así, con el voto de la ministra Ortiz se logró la mayoría simple para resolver las cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la ley orgánica por legisladores y partidos de oposición.

El pleno también discutió una controversia constitucional presentada por el gobierno de Michoacán sobre el mismo tema. Aquí se alcanzaron 10 votos por avalar la creación de comisiones presidenciales, herramienta también incluida en la legislación mencionada.

Las comisiones presidenciales son instrumentos administrativos de carácter auxiliar a cargo del Presidente de la República a fin de que éste tome una decisión sobre un determinado asunto respecto del que se estima conveniente contar con los elementos necesarios de una investigación, señala el fallo aprobado.