ace unos días se dio a conocer la tercera edición del Índice de estado de derecho 2021-2022 correspondiente a nuestro país, el cual se presenta desde 2018 como un diagnóstico relevante sobre cómo andamos en rubros que, de acuerdo con la metodología de dicho índice, se consideran manifestaciones de un estado de derecho, concebido como un principio de gobernanza en el que aplican cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, proceso justo y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas, además de constituir uno de los pilares sobre el cual las sociedades pueden alcanzar una democracia efectiva. El estado de derecho es, incluso, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una condición esencial de las sociedades democráticas, junto con los derechos y libertades inherentes a la persona y sus garantías, que a la par constituyen una tríada en la que cada uno se define y complementa en función de los otros.

Los rubros o factores que integran el índice, en ese orden, son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Conforme a los resultados publicados, se destaca un estancamiento en el progreso del país hacia un estado de derecho robusto, impactado en gran medida por los estragos de la pandemia de covid-19. Según se desprende de este informe, en la mayoría de los estados las instituciones de justicia se vieron particularmente afectadas por esta situación. Los datos también muestran un debilitamiento de la libertad de prensa y una tendencia en la reducción del espacio cívico en la mayoría de las entidades federativas, que se agudizó durante la crisis sanitaria. De igual manera, se enfatiza que la seguridad pública sigue siendo uno de los mayores desafíos en el país y, si bien se señala que 19 estados registraron una disminución en sus tasas de incidencia (claramente vinculadas con el contexto mismo de la pandemia, la paralización de actividades económicas y de movilidad en el país y en el mundo), no puede dejar de señalarse que cifras oficiales evidencian el incremento disparado, en este mismo periodo, de denuncias por violencia contra las mujeres en sus hogares y casos reportados de feminicidios en todo el país.

Tenemos entonces que, en una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al estado de derecho, los estados que mostraron los puntajes más altos fueron Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). En cambio, las entidades con los puntajes más bajos fueron Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35), y Guerrero (0.34). Sin embargo, de manera general, los resultados apuntan a que 14 estados continúan mostrando un estancamiento, incluso un deterioro en sus estados de derecho locales, mientras 12 permanecieron sin cambios, lo cual se puede explicar por tres tendencias. La primera es un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico, la segunda es un deterioro en los sistemas de justicia penal y la tercera es la falta de avances en materia de anticorrupción.

El primer supuesto, que se refiere al primer factor, se explica, en parte, al debilitamiento de los congresos locales y del poder judicial para actuar como contrapesos frente al ejecutivo estatal y, por otra, a la contracción del espacio cívico, que relativiza la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso real al poder público. En este rubro, se identifica una caída de 17 estados y 15, respectivamente.

En el segundo supuesto, relativo al último factor, se detectan caídas en 14 entidades en indicadores consistentes a la garantía a los derechos de las víctimas; adhesión al debido proceso, y la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal. Por otro lado, la parte más preocupante es, como se ha señalado en diversos diagnósticos, encuestas e índices de calidad en los últimos años, la poca efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público, que continúa a la baja a nivel nacional en 18 estados. Muestra de ello es la cifra negra, que ya se había señalado en este mismo espacio, que llegó a 93.3 por ciento en el país en 2021, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

Finalmente, la tercera tendencia se refiere al factor ausencia de corrupción, la cual muestra una falta de avances, cuyo índice cayó en 16 estados (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán), y se mantuvo sin cambios en 11. Los indicadores con más caídas fueron la ausencia de corrupción en el poder judicial; en los sistemas de seguridad y procuración de justicia y la ausencia de corrupción entre las autoridades del poder ejecutivo estatal.

Como podemos observar, los indicadores del Índice del estado de derecho en México 2021-2022 del World Justice Proyect constituyen una enorme área de oportunidad en materias muy específicas, que es necesario revisar y atender si queremos un país cuyas aspiraciones sean que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas y se logren resultados, de manera que en esa medida, en un futuro no muy lejano, podamos medir los avances en la calidad de vida de los mexicanos con apego irrestricto a los derechos humanos, en función de los esfuerzos de las instituciones que conforman el Estado mexicano que estén determinadas a fortalecer la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, así como a la voluntad política que se requiere en los tres niveles de gobierno.