La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) produjo, junto con Televisa, una serie de televisión para sensibilizar sobre el tema de los feminicidios, narrando el caso del asesino serial conocido como Caníbal de Atizapán, anunció el ministro presidente, Artu-ro Zaldívar.

Luego de hacer este anuncio, el togado rechazó las acusaciones de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) esté obstaculizando la solución del caso Ayotzinpa.

Afirmó que el programa de televisión es un producto cultural para crear conciencia sobre la violencia de género y comparó la serie con los murales plasmados en la sede del máximo tribunal.

La Corte patrocinó la serie, así como los murales de Santiago Carbonell y Rafael Cauduro, sostuvo, aunque a pregunta expresa no pudo precisar el monto del gasto. Sin embargo, afirmó que fue menos de lo que costaría en el mercado producir un material de calidad semejante.

Luego de hacer el anuncio, Zaldívar se refirió a las críticas del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien afirmó que el PJF ha obstaculizado la resolución del ca-so Ayotzinapa.

Sostuvo que no es correcto denostar al PJF, y afirmó que los jueces y magistrados están cumpliendo con su trabajo.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) no ha sido obstáculo en lo más mínimo en el caso Ayotzi-napa; ha estado a lo largo del tiem-po en varias reuniones con padres de los jóvenes desaparecidos y con sus decisiones está cumpliendo su responsabilidad, afirmó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, organismo encargado de administrar e impartir disciplina en los juzgados y tribunales de todo el país.

Zaldívar instó al funcionario a recordar que hay una sentencia de un tribunal colegiado que consideró que varios de los imputados por estos hechos fueron víctimas de tortura y que la investiga-ción del caso por la entonces Procuraduría General de la República fue sesgada y parcial.

Finalmente, el ministro presidente anunció que, como fruto de su visita al penal femenil de Santa Martha Acatitla, el Instituto Federal de Defensoría Pública revisará los casos de 200 internas sujetas a prisión preventiva, con el fin de aplicar el criterio de que esta medida cautelar debe ser revisada cada dos años. Al respecto, no descartó que el caso de Rosario Robles pudiera ser incluido en esta revisión.