Las 38 familias que habitaban el inmueble catalogado de la calle Belisario Domínguez 43, colonia Centro, denunciaron que a cuatro años de que la Fiscalía General de Justicia inició una carpeta de investigación por invasión, no ha sido judicializada.

La expropiación del predio el 20 de agosto de 2004 a favor del Instituto de Vivienda (Invi) por el alto riesgo estructural que presentaba, para proceder a la edificación de viviendas de interés social en beneficio de sus ocupantes, no impidió que personas ajenas se apropiaran de nuestro patrimonio.

El Invi, hasta ahora, no ha hecho nada para recuperarlo y continuar con la construcción de viviendas, cuando se tiene el proyecto arquitectónico y las autorizaciones de los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, acusaron María Eugenia Vargas y Lorena García.

Hoy, sin embargo, alertaron, nos enfrentamos al riesgo de que sea rematado por adeudos fiscales que presenta, sin considerar la Secretaría de Administración y Finanzas que se trata de un inmueble expropiado, invadido desde 2016 y que sus ocupantes originales no viven ahí.

En 2016, Martín Rebolledo, ex policía, y Angélica Morales se apropiaron del inmueble y se han dedicado a fraccionar las viviendas para rentarlas, por lo que decenas de familias viven en el lugar, que tiene un fuerte daño estructural, sin que las autoridades intervengan, señalaron.

Vargas, integrante de la mesa directiva de vecinos, informó que desde el primer momento se hizo del conocimiento del Invi para que interviniera, pero no hizo nada, y dos años después se presentó la denuncia ante la fiscalía, que todavía no ha judicializado la carpeta de investigación.

Dicha situación ha permitido a estas personas continuar rentando el inmueble, aprovechando la necesidad de la gente de un espacio para vivir o guardar sus cosas a bajo costo en el Centro de la ciudad y hasta con vigilancia, porque se tienen policías las 24 horas del día, agregó García.

La representante de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes explicó que los uniformados vigilan que nadie ajeno entre, en lugar de recuperar el inmueble que fue despojado a sus verdaderos dueños.