uando la ambición de funcionarios gubernamentales y caciques regionales se unen para enriquecerse a costa del patrimonio de los pueblos indígenas no hay forma de detenerlos; y, si los pueblos deciden oponerse a sus intereses, pagan su osadía con un alto costo de vidas humanas. Si a pesar de las adversidades persisten en la defensa de sus derechos, es muy difícil que las autoridades les den la razón, a pesar de que las leyes los protejan. Eso dicen los comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, una comunidad agraria ubicada en la región mixteca alta del estado de Oaxaca. Ellos cuentan con título primordial de 1767, en base al cual, el 14 de julio de 1987 el gobierno federal les reconoció mil 619 hectáreas. Fue un paso muy importante para asegurar el patrimonio del pueblo, pero quedaron por titular mil 365 hectáreas que les disputaba la comunidad vecina de Chalcatongo, las cuales el Tribunal Unitario Agrario reconoció como suyas el 3 de agosto de 1998, mediante sentencia que quedó firme el 4 de diciembre de 2001.

Más de 60 años de lucha no terminaron con el problema, porque la solución jurídica no acabó con el conflicto social. En 2003, cuando el gobierno federal impulsó el Programa de Atención a Conflictos en el Medio Rural (Cosomer), por medio del cual se pagaba a una de las partes para que renunciara a sus derechos agrarios en favor de su contraria, los caciques y algunos funcionarios vieron en el programa la posibilidad de enriquecerse simulando una solución, para lo cual atizaron más el problema agrario, ya que el programa exigía para atender los asuntos, que comprometieran la paz y la estabilidad en la región. En 2006 el gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, originario de Chalcatongo, ideó con Fredy Eucario Morales Arias, su operador en Santo Domingo Ixcatlán, enfrentar a las comunidades de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo para aumentar el valor de las tierras que pretendían ceder a Chalcatongo, para cobrar una contraprestación que no pensaban entregar al pueblo.

Así lo hicieron. El 30 de abril de 2008, un grupo paramilitar encabezado por Fredy Eucario Morales Arias asesinó y descuartizó, en el centro de Santo Domingo Ixcatlán, a Melesio Martínez Robles, secretario del comisariado de bienes comunales; a Gustavo Castañeda Martínez lo quemaron vivo en el mismo lugar, mientras Inocencio Medina Bernabé fue muerto con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Ante tal agresión, el pueblo se movilizó y el conflicto se salió del control de quienes lo provocaron: el 19 de mayo de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los afectados y el Congreso del estado desapareció la autoridad municipal encabezada por Omar Morales Arias, del grupo caciquil. Para el 30 de enero de 2011, cuando Ulises Ruiz Ortiz ya había dejado la gubernatura del estado, se desarticuló al grupo paramilitar y detuvo a los hermanos Fredy Eucario, Areli y Daniel Morales Arias, junto con cinco personas más, con lo cual una tensa calma volvió a la comunidad.

Pero ni los caciques ni los funcionarios estaban dispuestos a perder el negocio que pretendían hacer con las tierras de Santo Domingo Ixcatlán. En una maniobra ilegal que la Procuraduría Agraria avaló, el 1º de octubre de 2017 nombraron un comisariado espurio que encabezó la señora Alma Morales Arias y el 11 de diciembre de ese año firmaron con Chalcatongo una convenio que supuestamente resolvía el problema, acto que fue atestiguado por el actual gobernador y el entonces delegado estatal de la Procuraduría Agraria. Buscando dar validez a sus ilegales actos, el 12 de agosto de 2018, en una acción ilegal que involucró al gobierno del estado y las delegaciones de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, se eliminó a mil 13 comuneros del padrón de beneficiarios. El acto fue combatido por las vías legales y los órganos jurisdiccionales dieron ordenaron restituir a los afectados en el goce de sus derechos.

El problema en la actualidad se centra en la representación agraria: la mayoría de los comuneros quieren tener una que realmente los represente y vele por sus intereses, pero los miembros del grupo caciquil insisten en beneficiarse del conflicto y para ello necesitan una que esté de acuerdo con ellos. La lucha actualmente se da ante los tribunales, donde el pueblo se Santo Domingo Ixcatlán espera que la ley se interprete y aplique correctamente y se les dé la razón. Como se desprende de lo expuesto, el conflicto ha rebasado su aspecto jurídico, contaminándose por los intereses económicos y políticos de los caciques apoyados por funcionarios corruptos, que buscan beneficiarse a costa del patrimonio de un pueblo indígena que lucha por defender sus tierras y recursos naturales. Como en muchos casos en el país, del respeto a los derechos de los pueblos depende evitar que sangre inocente siga manchando la tierra por la que los mixtecos de Santo Domingo Ixcatlán han luchado por tantos años.