embrando Vida (SV) es un programa estrella del gobierno, del cual AMLO afirma que es un gran beneficio para campesinos pobres y un importante aporte en reforestación para contrarrestar el cambio climático. Lo propone a Estados Unidos para aplicar en Centroamérica como modelo de apoyo para prevenir la migración.

Sin embargo, a tres años de su implementación, el programa ha acumulado severas críticas desde las comunidades a quienes suponía beneficiar, también del Coneval y la Auditoría Superior de la Federación.

El Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) ha realizado una serie de rigurosas investigaciones sobre la implementación de este y otros proyectos del gobierno y anteriores, mirando la realidad a ras de tierra, como expresó su directora, Ana de Ita (https://www.ceccam.org/).

Su reciente publicación, Comunidad y autonomía frente a Sembrando Vida, presenta experiencias y perspectivas de comunidades e investigadores en varios estados donde está SV. Es una colaboración con DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas) Chiapas; Unosjo (Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca ) y la Red Estatal de Defensa del Maíz, Oaxaca; Colectivo Xa’aybej, Quintana Roo; Cenami (Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas) y la Red en Defensa del Maíz (https://www.ceccam.org/node/3381).

Para 2022, señala Ana de Ita, el programa cuenta con un presupuesto de 29 mil 231 millones de pesos, casi lo mismo que la Secretaría de Agricultura (32 mil 750 mdp), más del doble del de Producción para el Bienestar (antiguo Procampo) y casi tres veces el de Precios de Garantía. Sin embargo, Sembrando Vida se destina sólo a 430 mil campesinos, de los 5.5 millones de productores agrícolas y 2.5 millones de jornaleros agrícolas que existen en el país.

Se dirige a personas en algunos municipios definidos como pobres (no a todos), que si son aceptados reciben 4 mil 500 pesos mensuales en efectivo y 500 en un fondo de ahorro; deben tener 2.5 hectáreas que cumplan con varias condiciones y establecer sistemas agroforestales con árboles maderables y frutales, con la supuesta meta de avanzar en autosuficiencia alimentaria mientras se reforesta hasta un millón de hectáreas.

Un problema que se repite en la experiencia de las comunidades, es que la aplicación del programa es arbitraria en la elección de zonas y beneficiarios. En Chiapas, SV ha llegado a 19 por ciento de lo que se definió como población prioritaria; en Michoacán, a 6.9 por ciento; mientras en Tabasco llegó a 95.8 por ciento, en Campeche a 65.1 por ciento, en Quintana Roo a 44.3 por ciento y en Yucatán a 33 por ciento. La disparidad se hace más grave al leer testimonios de que SV se usa en varias localidades como forma de callar la resistencia y críticas frente a otros proyectos del gobierno, como el Tren Maya.

Sembrando Vida se otorga solamente a un individuo por familia y no reconoce las estructuras ejidales o comunitarias, pese a que en muchos casos la comunidad debe acordar el uso de terrenos comunes porque la propiedad no es individual. Esto se traduce en marginación de las mujeres, que al no ser titulares son sólo una tercera parte de los beneficiarios, además de que genera tensiones en la comunidad, la familia y entre vecinos. Quien accede a SV obtiene un subsidio de 60 mil pesos anuales, mientras su vecino, con Producción para el Bienestar, sólo tendrá 4 mil pesos al año, aunque cultive también 2.5 hectáreas y esté en condición de pobreza. Como señala Aldo González de Unosjo, sería más adecuado llamar al programa sembrando envidia.

Otro impacto grave de SV es su marco técnico predefinido y uniforme para todas las áreas y personas, que no toma en cuenta los amplísimos conocimientos y experiencias de las comunidades indígenas y campesinas sobre su medio y las mejores formas de producir y trabajar. Aunque la imposición de este modelo desde arriba se repite en casi todos los casos, a menudo con árboles y semillas que no son adecuados en las zonas donde se aplica, el ejemplo más grave ocurre en las áreas de agricultura itinerante de montaña, que describe Álvaro Salgado y Unosjo. El programa prohíbe que usen sus métodos tradicionales de acahuales o roza, tumba y quema, que por siglos y en rotaciones con intervalos de muchos años, moviéndose sobre áreas comunes muy extensas, han mantenido la salud de los bosques y la fertilidad de la tierra, además de proveer muchos elementos esenciales para la subsistencia. Cuando la comunidad cede un terreno para árboles en SV, éste deja de estar en rotación y fija la posesión en una persona, convirtiéndola de hecho en propiedad privada.

Las experiencias con el programa tienen claroscuros según la región. Desde Oaxaca relatan cómo comunidades y organizaciones elaboraron propuestas para adaptarlo a sus conocimientos y formas de trabajo tradicionales. No obstante, SV siguió con sus propios lineamientos, desaprovechando ese rico caudal de conocimientos y violentando las formas tradicionales de sembrar y de organizarse, algo que también se documenta desde Chiapas.

Como resume Ramón Vera Herrera en el libro, SV convierte en jornaleros a guardianes milenarios. Se mina la autonomía, la organización comunitaria y los vastos conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, todos elementos que urge apoyar para construir soberanía alimentaria, enfrentar el cambio climático y la pobreza.

* Investigadora del Grupo ETC