a pandemia de covid-19 y la contracción financiera que derivó de las medidas para mitigarla han golpeado duramente la economía mundial y afectó con particular severidad las condiciones de la enorme mayoría de los trabajadores asalariados, no sólo por la pérdida de millones de empleos sino también por el fenómeno inflacionario que actualmente se registra en buena parte del planeta, lo que provoca pérdidas del poder adquisitivo de los salarios.
En este panorama, debe reconocerse que México es uno de los países que han salido mejor librados de esta crisis múltiple, y a pesar de esas circunstancias adversas la situación de la clase trabajadora del país ha experimentado palpables mejorías, particularmente en lo relativo a los salarios, los derechos laborales y sindicales y la creación de fuentes de trabajo, además de los beneficios derivados de los programas sociales, que son para el conjunto de la población.
No son datos menores que en los dos primeros meses de este año el número de afiliados al Instituto Mexicano de Seguridad Social haya tenido un crecimiento anual sin precedente (5 por ciento); que según cifras del Inegi en enero haya habido 3 millones 700 mil trabajadores empleados más que en el mismo periodo del año pasado o que durante 2021, a pesar de las restricciones derivadas de la lucha contra la pandemia, se hayan generado un millón de puestos de trabajo.
Con el aumento de 22 por ciento al salario mínimo, el poder adquisitivo de éste acumuló, de 2018 a la fecha, una recuperación de 71 por ciento, otro hecho inédito, aunque aún queda mucho camino por delante para alcanzar el poder de compra que llegó a tener a finales del llamado desarrollo estabilizador. En efecto, apenas se ha logrado recuperar el nivel que tenía en 1984, un dato que ilustra crudamente el pavoroso deterioro de los salarios durante el ciclo de los gobiernos neoliberales. Dicho sea de paso, el impulso al alza de los ingresos de los trabajadores no ha tenido un efecto relevante en la tasa inflacionaria, la cual tiene más bien raíces exógenas como el frenazo económico debido a la pandemia y la guerra en Ucrania. Se desmonta, con ello, uno de los dogmas favoritos de la tecnocracia neoliberal que por décadas mantuvo los salarios congelados con el falso argumento de que ello podría causar un incremento generalizado de precios.
En el ámbito sindical, la reforma laboral que entró en vigor en el primer semestre de 2019 estableció las condiciones para que los obreros pudieran manejar sus organizaciones gremiales en forma democrática y sin injerencias del poder público ni del capital. Esta reforma ha tenido resultados contrastados que pueden ejemplificarse con los casos del sindicato petrolero, por un lado –que sigue controlado por el grupo charro vinculado a Carlos Romero Deschamps– y, por el otro, la desincorporación de la Central de Trabajadores de México de los obreros de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, quienes en una asamblea democrática decidieron por abrumadora mayoría abandonar esa central y conformar un sindicato independiente.
Otro logro fundamental de la clase trabajadora es el conjunto de reformas realizadas en abril de 2021 a las leyes del Seguro Social en sus dos vertientes, Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado y del Código Fiscal de la Federación, y que prohíbe la subcontratación o outsourcing, práctica inicua que por décadas fue utilizada por los empleadores para reducir o anular las prestaciones de sus trabajadores e impedirles el derecho a la sindicalización.
Finalmente, y aunque los programas de bienestar no están directamente asociados al ámbito laboral –salvo en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que capacita e introduce a los jóvenes al ámbito del trabajo–, es claro que millones de hogares de asalariados se han visto beneficiados por la inclusión de uno o varios de sus integrantes en al menos uno de esos programas, lo que trae aparejada una mejoría en el ingreso familiar.
Como se dijo anteriormente, es mucho lo que falta por hacer para lograr la dignificación plena de las condiciones laborales y salariales en el país, pero no hay duda que en los últimos tres años se ha empezado a remontar a buen paso la ofensiva gubernamental y empresarial de las cuatro décadas previas en contra de los trabajadores.
