La Ley Minera da facilidades para el despojo de los territorios y sus recursos naturales. Existen al menos 17 comunidades en las que las mineras extraen oro y plata y se encuentran con niveles de pobreza más altos al promedio nacional. Es el caso de Chínipas de Almada, en Chihuahua, donde 86 por ciento de sus habitantes viven en pobreza, y Eduardo Neri, en Guerrero, donde 71.9 por ciento de su población está en esa condición.

Actualmente, hay concesiones para mil 200 proyectos mineros y mil 672 minas que operan en el país, las concesiones pueden prolongarse por periodos de hasta 100 años, lo que da pie a la especulación financiera con bienes que son propiedad de la nación, señala el libro Así se ve la minería en México, editado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai), Oxfam México y Grupo Poder, entre otras organizaciones e instituciones.

Los efectos de la devastación que deja la minería, a cambio de pocos empleos, son evidentes: desaparición de paisajes, como el Cerro de San Pedro, símbolo del escudo de San Luis Potosí, que fue triturado por la Minera San Xavier para extraer oro, así como la destrucción de numerosos hábitats en todo el país, contaminación de agua, inmensas presas de jales y suelos sin vida, son algunas imágenes que se observan en el libro.

De las 64 fotografías que dan cuenta de ello, muchas fueron tomadas por habitantes de las comunidades que por temor a represalias prefirieron el anonimato, dijo Cecilia Navarro. Explicó que en muchas zonas es difícil acercarse, por eso hay imágenes sólo a distancia.

Leticia Merino, del Susmai, sostuvo que las mineras se establecen en las comunidades con promesas de llevar desarrollo y empleos, pero para sus habitantes está muy lejano que esto ocurra. La Ley Minera es declarada de interés público, pero no contribuye al bien público, por lo cual se busca que se modifique para que deje de ser considerada una actividad que está por encima de cualquier otra.

Desde hace meses las organizaciones impulsan el movimiento CambiemoslaYa, con el que buscan que en el Congreso de la Unión se modifique la Ley Minera para que la actividad deje de ser considerada de utilidad pública.

Itzel Silva, de Fundar, dijo que la ley contraviene derechos de los pueblos indígenas reconocidos en diversos instrumentos normativos. Recordó que la concesión da a las empresas el derecho temporal de hasta 100 años para usar la tierra, además de la prioridad para aprovechar toda el agua para las actividades mineras. Esos plazos deben reducirse, consideró.