Las organizaciones El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México solicitaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplir los lineamientos, aprobados en 2010, que regulan la venta de comida chatarra en las cooperativas escolares.

En una carta pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos retomar y dar seguimiento a su recomendación 39/2019 sobre los derechos de niños y adolescentes ante el incremento del sobrepeso y obesidad, en la que destacan la importancia de proteger los derechos a la educación, la salud y la alimentación saludable en los espacios escolares.

En conferencia de prensa, Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable de El Poder del Consumidor, señaló que en el país hay 4 millones de niños con sobrepeso, y advirtió que de no tomar medidas, uno de cada dos infantes nacidos a partir de 2010 desarrollará diabetes.

Indicó que hasta antes de la pandemia por coronavirus, investigaciones dieron cuenta de que en jornadas cortas los alumnos consumían más de 550 calorías provenientes de alimentos no saludables, puesto que 51 por ciento del total de la oferta eran golosinas, helados, galletas dulces, botanas saladas y postres, y 63 por ciento de las bebidas eran aguas con azúcar, jugos y néctares. La mayoría de las cooperativas escolares venden estos productos y menos de 5 por ciento de frutas y verduras.

Ambiente obesogénico

La regulación es inexistente. Los escolares en México están expuestos a ambientes obesogénicos que significan riesgos para ellos, desde malnutrición, aumento de la obesidad, desarrollo de enfermedades crónicas prematuras y menor rendimiento escolar, agregó Bahena.

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, puntualizó que desde 2014, los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en el Sistema Educativo Nacional, creados por el gobierno mexicano, son obligatorios y se sanciona el incumplimiento.

Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim, dijo que no sólo el derecho a la educación se consagra en los espacios escolares, sino también el derecho a una alimentación sana y saludable.