antada semanas atrás, el presidente López Obrador envió al Congreso su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, pero el documento aún no se recibía formalmente en San Lázaro (sus inquilinos no pudieron siquiera leer la caratula) y ya se escuchaba el histérico coro de la granja Los Cuatro Cochinitos (PRI, PAN, PRD, MC): no tiene viabilidad, no pasará, iremos en contra, no permitiremos ningún retroceso (a sus prebendas, desde luego), tendrá el mismo final que la reforma eléctrica (que tampoco leyeron), y la base argumental de su precoz rechazo es que Morena nos acusa de traidores a la patria, lo que, sin duda, son.

La intención de dicha iniciativa, apuntó el mandatario, es garantizar el voto, la aplicación plena de la democracia, un verdadero sistema democrático, porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México, la falta de democracia, que nos ha llevado a imposiciones que le han costado mucho al pueblo. Van a ser los ciudadanos los que elegirán libremente a sus representantes. No hay la intención de que se imponga un partido único; lo que queremos es que se termine con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes, ese es el propósito. También, desde luego, reducir el voluminoso gasto en el aparato político-electoral, uno de los más caros del mundo.

Hay que recordar que sólo entre 2000 y 2018 de las arcas nacionales salieron alrededor de 320 mil millones de pesos para financiar el aparato electoral (IFE-INE –que se quedó con dos terceras partes de ese monto–, TEPJF, Fepade y partidos políticos). En ese periodo, el financiamiento público a esa pandilla se incrementó cerca de 200 por ciento, con una inflación de 115 por ciento. Pues bien, en la iniciativa presentada por López Obrador y producto de las modificaciones propuestas, se considera un ahorro cercano a 24 mil millones de pesos en este renglón (no permitiremos ningún retroceso, gritan en la granja Los Cuatro Cochinitos).

¿Qué propone la iniciativa presidencial? Entre otros, la eliminación de los 300 distritos electorales y el esquema de cinco circunscripciones electorales en el país para dar paso a la elección por listas en cada entidad, con lo cual la conformación en San Lázaro pasará de 500 a 300 diputados, y en el Senado, de 128 a 96 integrantes; reducir el financiamiento público a los partidos políticos (sólo recibirán para campañas electorales, no para las burocracias partidistas); abatir el costo de las elecciones; garantizar, con el voto electrónico, mayor certeza en la participación de los ciudadanos; facilitar la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero; los procesos electorales en México, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo.

Además, la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sustituirá al Instituto Nacional Electoral; derivado de un nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por tres poderes de la Unión; reducir de 11 a 7 el número de consejeros electorales; federalizar las elecciones y desaparecer los Oples (Organismo Público Local Electoral) y los tribunales electorales locales.

Plantea una lucha efectiva contra la compra del sufragio, garantizar, mediante la reforma, que ningún gobierno, empresa y/o poderes económicos puedan comprar votos ni utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular; se trata de elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales, que no sean protagonistas adicionales de la lucha por el poder. Debe reconocerse que el creciente número de representantes populares no mejora la calidad de la representación popular; sólo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo.

¿Qué dicen Lorenzo Córdova y su pandilla?

Las rebanadas del pastel

El burro habla de orejas, otra vez: Alejandro Alito Moreno, cavernario y energúmeno dirigente priísta (investigado por enriquecimiento inexplicable, toda vez que sus ingresos como servidor público no representan ni la décima parte de lo que ostenta en bienes y propiedades, (Fiscalía General de Campeche dixit), grita que la citada iniciativa de reforma electoral es una cortina de humo; no hay que caer en la distracción; de entrada, esa reforma no pasa.

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