En tan sólo una semana, la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos ha tramitado 90 medios de impugnación relacionados principalmente a la consulta sobre el presupuesto participativo 2022, lo que fue considerado como una cifra muy alta por su titular, Sandra Vivanco.

En entrevista, explicó que la principal inconformidad es que en las reuniones de los órganos de dictaminación, los promoventes no tuvieron la oportunidad de defender sus propuestas, por lo que terminaron siendo negativas. Sin especificar una cifra, afirmó que este año se duplicó la afluencia de personas que acudieron a la defensoría con respecto al año pasado.

“A veces las respuestas del órgano dictaminador fueron un poco escuetas o no hubo ninguna respuesta; (en los dictámenes) dejaron algunos espacios en blanco que no deben ser, porque toda respuesta para dictaminar debe estar debidamente fundada y motivada, y la gente tiene todo el derecho de que le expliquen por qué sí o por qué no. Nos dicen: ‘Ni siquiera supe por qué no avalaron mi propuesta’. Ése es el mayor sentir”.

La defensoría es una instancia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que otorga asistencia legal en materia de derecho electoral a la ciudadanía, pues, a decir de Vivanco, las personas no tienen la obligación de conocer el contenido de las leyes ni la normativa, pero sí tienen el derecho de saber lo que implica una resolución.

Entre los casos que ha recibido están las propuestas de compra de patrullas y contratación de policías.