El pago de derechos a nivel nacional que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó aplicar este año fiscal es obsoleto y ocasionará pérdidas económicas al gobierno federal, ya que se basa en una norma de hace 22 años que ignora a los acuíferos que tienen menos disponibilidad, y el organismo omitió usar la regulación más reciente, de 2015, advirtió Gloria Tobón, de la Asociación de Usuario del Agua de Saltillo.

Recordó que el 13 de abril, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el acuerdo en el que se presentan las zonas de disponibilidad en cuencas y acuíferos, pero la clasificación se hizo con la NOM-011-CNA-2000, que no refleja las condiciones actuales.

El uso de esa regulación no sólo da lugar a que los concesionarios que tienen pozos en acuíferos sobreconcesionados, pero mal clasificados, paguen menos de lo que deberían por la extracción de agua, sino que los estimula a hacerlo, por lo poco que pagan, advirtió. Esto implica que la Conagua dejará de recibir recursos por esta clasificación inadecuada.

No se tomó en cuenta la norma de 2015 que sí tiene en cuenta los títulos de libre alumbramiento, que no se consideraban en la norma anterior, y que en algunos acuíferos representan volúmenes de extracción muy importantes. Los cambios en disponibilidad de agua calculados sobre la base de cada una de las normas son muy grandes.

Ejemplificó que en Coahuila, en 14 de los 28 acuíferos varían las zonas de disponibilidad según la norma. Los problemas de aplicar la clasificación con base en la de hace 22 años son que se permite la sobreexplotación donde hay déficit de agua y son mucho menores los pagos de concesionarios por los volúmenes que extraen.

En relación con los planteamientos en el Senado la semana pasada por parte del titular de la Conagua, Germán Martínez, Tobón mencionó que es bueno que se controle el volumen de agua que extraen los usuarios y se pague con el programa de medición que se realizará en junio próximo. El funcionario dijo que actualmente son 88 mil millones de metros cúbicos que están concesionados a usuarios agrícolas, industriales, público urbano y de servicios.

Explicó que con ese programa se trata de aplicar la NMX-AA-179-2018, medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados, cuya puesta en marcha se ha postergado durante más de tres años.