La procedencia de los recursos por 100 millones de pesos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y 800 millones de Liconsa, incorporada a esta primera entidad, para invertir en certificados bursátiles fiduciarios en la bolsa de valores en México, no fue investigada porque la ejecución de compra provenía de un inversionista calificado, relataron fuentes bursátiles a La Jornada.

A finales de 2020, CI Casa de Bolsa recibió una instrucción por escrito de un apoderado debidamente facultado, para ejecutar la orden que consistía en la compra de certificados bursátiles y proporcionarles beneficios; pero, finalmente, cuando se dieron cuenta que no tenían el régimen de inversión autorizada, procedieron a la enajenación.

Desde hace más de una década, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió reglas que califican a los inversionistas en calificados y no calificados, con el fin de procurar sanas prácticas en el mercado bursátil nacional; el régimen de inversión del primero no necesita una asesoría, en cambio el segundo necesita una asesoría del intermediario bursátil.

Así, un tercero hizo una emisión de bonos fiduciarios en la bolsa y Liconsa dió la orden de adquirir ciertos valores; siendo un inversionista calificado, CI Casa de Bolsa no fue asesor y sólo ejecutó la instrucción de compra.

Operación calificada

Dichos recursos fueron autorizados por el Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias, por lo que su régimen de inversión era de calificado. Sin embargo, un juez ordenó abrir un proceso judicial contra René Gavira, ex director de administración y finanzas de Segalmex y señalado por comprar títulos bursátiles con recursos de este organismo federal agrícola.

El especialista bursátil describió que “los recursos ya fueron retornados en su totalidad a la Tesorería de la Federación... la participación de CI, como casa de bolsa, fue traspasar los valores a las cuentas que se le indicó y ellos obtuvieron los recursos. Todo por conducto de la Secretaría de Hacienda.

En el caso de Liconsa fueron unos 800 millones y de Segalmex unos 100 millones de pesos y esos recursos ya fueron traspasados y ya está cerrado el caso totalmente.

De acuerdo con el especialista, la ley se debe de ir modernizando y adecuando de acuerdo a las circunstancias. Toda experiencia lleva y abre posibilidades. Aunque este caso, según su versión, es uno entre tantos, siempre hay que evitar cualquier confusión y huecos en la ley para invertir el patrimonio de los inversionistas de cualquier tipo.