Integrantes de la corriente disidente Telefonistas Construyendo Democracia (TCD) señalaron la complicidad del dirigente sindical Francisco Hernández Juárez con Teléfonos de México (Telmex) para permitir la mutilación del contrato colectivo de trabajo (CCT) en cláusulas fundamentales. Advirtieron que existe el riesgo de que acepte un plan accionario para recapitalizar a la empresa, a cambio de las pensiones de los trabajadores.

Miguel Ángel Lara Sánchez, miembro de la agrupación, indicó que una de las principales violaciones al CCT es la sustracción de materia de trabajo de la cual era titular el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). Detalló que se adeuda alrededor de 30 mil vacantes desde que se privatizó la empresa en 1990.

Otras de las afectaciones a sus derechos laborales consiste en que los 56 mil trabajadores jubilados y activos cedan parte de su pensión jubilatoria a cambio de acciones bursátiles inexistentes; la compañía dejó de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en 2011, explicó Benito Méndez, integrante de TCD.

Añadió que también se pretende que los trabajadores de nuevo ingreso no accedan a una jubilación bajo el régimen de pensión vigente, sino por el sistema de las Afore.

Pensamos que la labor del secretario general (Hernández Juárez) es de franca complicidad. Simula que abandera nuestras causas, pero en realidad es facilitador de las políticas de los directivos de Telmex para minar todavía más el contrato colectivo, manifestó Lara Sánchez en el contexto del emplazamiento a huelga que vence el lunes próximo.

Los trabajadores jubilados marcharon ayer desde la Torre Latinoamericana y avanzaron por el corredor comercial y peatonal de la calle Madero, lanzando consignas como ¡Francisco, el contrato no se vende; se lucha y se defiende!. Al llegar a Palacio Nacional, realizaron un mitin y exigieron la democratización del STRM, que encabeza Hernández Juárez desde hace 46 años.

También entregaron un oficio en Atención Ciudadana de la Presidencia en el que solicitaron una audiencia con el titular del Ejecutivo federal, a fin de proponerle que el Estado asuma la soberanía de las telecomunicaciones.