Pese a los esfuerzos por reducir gastos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), trabajadores de confianza, cuyos sueldos alcanzan 71 mil pesos mensuales brutos, han emprendido decenas de juicios contra la Ley Federal de Austeridad Republicana, lo que les ha permitido acceder a beneficios como vales de despensa, fondo de ahorro y gratificaciones de fin de año.

Eso representa una presión económica adicional para el instituto, que ha advertido que en septiembre se quedará sin recursos, incluso para entregar sus prerrogativas a los partidos políticos.

Información obtenida vía transparencia refiere que desde septiembre del año pasado a la fecha se han presentado al menos 127 juicios laborales ante el Tribunal Electoral local (TECM), de los cuales 108 han sido favorables a los trabajadores, dos desechados y el resto se encuentra en análisis.

En la comparativa de documentos, destaca que algunos escritos de demanda se repiten, en al menos seis expedientes, como si se tratara de un machote, en los que los promoventes acusan discriminación y exigen, principalmente, igualdad salarial con compañeros homólogos que realizan las mismas actividades que ellos, pero que al haber ingresado antes de entrar en vigor la legislación, son beneficiarios de prestaciones adicionales.

En su mayoría, los promoventes son trabajadores de confianza adscritos a los órganos desconcentrados, es decir, a las direcciones distritales, y a la Contraloría Interna, la cual ha sido objeto de crítica por parte de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, porque es una de las áreas más grandes y caras del instituto.

Al ser una sentencia del tribunal, el IECM está obligado a pagar por dos vías: de manera retroactiva con cargo al fondo de contingencias laborales, que cuenta con un saldo disponible de 106.9 millones de pesos, y posteriormente de los recursos del organismo para este año.

Ninguno de ellos puede ser impugnado ante otras instancias, dado que el IECM no cuenta con personalidad jurídica, por lo que ha comenzado a hacer los pagos en los 108 casos.

Hasta el momento se desconoce a cuánto dinero asciende lo que debe pagarse.

El órgano electoral local mantiene una solicitud de ampliación de recursos de 2022 ante la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno central, al tiempo que los partidos políticos locales exigen al TECM resolver sus demandas para que se garantice la entrega de prerrogativas en el último trimestre del año.