El protocolo para legitimar los contratos colectivos de trabajo (CCT) concede a los sindicatos de protección –que son los titulares de los documentos– el poder de organizar y validar estos procesos en los cuales hay opacidad, indica un análisis del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

Lo anterior abre la posibilidad para que el sindicalismo de protección mantenga sus intereses y privilegios, al ser juez y parte de las consultas, sin contar con una vigilancia adecuada por parte de las autoridades laborales.

El documento también señala que hay falta de información en los padrones de trabajadores con derecho a participar en las votaciones para legitimar el contrato colectivo, proceso al que están obligados todos los sindicatos en México.

El Cilas estima que alrededor de 87 mil contratos colectivos –de un universo de más de 500 mil– pasarán por el proceso de legitimación. Hasta el momento, 3 mil 805 han sido legitimados, indican cifras oficiales.

Gran parte de estos procesos se han dado en medio de la opacidad, con serias carencias de información, con porcentajes mínimos de participación y, en algunas empresas, con alarmantes inconsistencias entre el número de trabajadores que laboran y los que tienen derecho a participar en estos procesos, recalca la organización en su balance sobre la reforma laboral.

Un ejemplo de lo anterior, expone, es el proceso de legitimación que se desarrolló en la planta Coroplast Cable Trading México, en Guanajuato, donde laboran poco más de mil 200 trabajadores y únicamente a 710 (59 por ciento) se les reconoció el derecho a votar.

De éstos, únicamente votaron 376 trabajadores (31 por ciento) y, de ellos, 177 legitimaron el CCT, lo que representa sólo 14.75 por ciento de los trabajadores de la planta.

En su documento, el Cilas cuestiona la elección de las dirigencias sindicales por la opacidad de la información en sus procesos. Considera que en el caso del sindicato petrolero, cuyas elecciones se realizaron el 31 de enero, se permitió la continuidad de la vieja mafia corporativa que controla desde hace décadas al sindicato, a pesar de la votación electrónica.