Domingo 17 de abril de 2022, p. 19
Caja Libertad, la microfinanciera alrededor de la cual se promovió un presunto acuerdo para lograr la salida de Juan Collado Mocelo de la cárcel, tiene más de dos años con niveles de capitalización que le han obligado a contar con un plan de restauración de capital, suspender el pago de dividendos y solicitar la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar a cabo nuevas inversiones en activos no financieros o abrir sucursales, entre otras medidas.
De acuerdo con FINE Servicios, la federación de entidad de ahorro y crédito popular a la cual está adherida Caja Libertad, esta última resintió un deterioro en su nivel de capitalización (Nicap) desde marzo de 2020 y la situación se agravó en diciembre de ese mismo año, al tiempo que se sostenía como la sociedad financiera popular (sofipo) con mayor número de activos y clientes en el sistema.
A mediados del año pasado, figuras cercanas a Collado Mocelo circularon la versión de un acuerdo reparatorio que ponía al centro la venta de Caja Libertad para lograr la excarcelación del abogado cercano a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
Collado fue arrestado en julio de 2019. Se le acusó de lavado de dinero y delincuencia organizada. También su nombre ha destacado entre un número de personas que presuntamente tienen millones de euros congelados en la Banca Privada de Andorra.
A la versión de un acuerdo reparatorio con Caja Libertad al centro, ahora la defensa del abogado acusa un intento de extorsión, pues, asegura, se pidió a Collado vender la sofipo a Banca Afirme en 900 millones de pesos, por debajo de un precio de avalúo de 3 mil 570 millones de pesos, según versiones periodísticas.
FINE Servicios clasifica a las sofipo en cuatro categorías dependiendo de su grado de capitalización –que es la relación que guarda el capital neto de las financieras respecto de sus requerimientos de capitalización por riesgos. En el nivel 1, cuando se tiene un Nicap de más de 131 por ciento, no se piden medidas mínimas. En el extremo, en el 4, se encuentran las financieras con una capitalización por debajo de 56 por ciento y en este supuesto se pide a la CNBV remover a directivos y al consejo de administración.
Caja Libertad se encuentra desde diciembre de 2020 en la categoría 3, donde se ubican a las sofipo con una capitalización de entre 56 y 100 por ciento, y bajo la cual se le pide presentar a la CNBV y a FINE Servicios un plan de restauración de capital, suspender el pago de dividendos, así como cualquier mecanismo o acto que implique una transferencia de beneficios patrimoniales.
También se deben suspender los programas de recompra de acciones representativas del capital social de la sofipo; diferir o cancelar, total o parcialmente, el pago de intereses y del principal; así como el convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subordinadas que se encuentren en circulación, hasta por la cantidad que sea necesaria para cubrir el faltante de capital.
Adicionalmente se debe suspender el pago de las compensaciones y bonos extraordinarios adicionales al salario del director general y funcionarios de la sofipo; abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los créditos otorgados a las personas relacionadas; y en caso de buscar invertir en activos no financieros o en abrir sucursales se debe solicitar la autorización a la CNBV.
La situación en Caja Libertad llevó a que el año pasado cerrara 12 sucursales, y a que se redujera su participación en el mercado de las sofipo, tanto en número de clientes como en activos financieros que circulan en el sistema. Entre los primeros pasó de una proporción de 51 por ciento a 42.5 por ciento; mientras los segundos lo hicieron de 33 a 31 por ciento.