s el viejo truco de que nadie sabe, nadie supo. Los participantes en el enjuague pretenden lavarse las manos: la trasnacional italiana Enel, que viola la ley mexicana; el cabildero de ese mismo origen (falso que represente a consorcio alguno); la Cámara de Diputados (no sabemos qué pasó); la empresa Chuchos S.A. conocida como PRD (ni idea); los legisladores prianistas (no sabemos cómo llegó a la curul); la karateca Edna Díaz Acevedo (no fui, no me di cuenta, no lo invité, es una estrategia de Morena para amedrentar a la oposición) y demás embarrados, quienes utilizan un rosario de pretextos en su intento por deslindarse.

Pero ya salió el peine y La Jornada (Dora Villanueva, https://www.jornada.com.mx/2022/04/14/politica/005n1pol) lo documenta: a petición expresa del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, con autorización del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el priísta Rubén Moreira, al pleno ingresaron y se sentaron como en su casa no sólo Paolo Salerno, el italiano, sino José Orozco Contreras para asesorar a los legos representantes populares de Va por México, que se dejan querer por los grandes corporativos privados y van de la mano con ellos.

Resulta que el coordinador administrativo del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, Gerardo Cabrera Velázquez, envió una petición oficial al citado Rubén Moreira, con el fin de solicitarle su respetable apoyo para que se consienta el acceso para el personal del GPPRD que se enlista a continuación, el día martes 12 de abril del año en curso: José Orozco Contreras y Paolo Salerno (para este, acceso peatonal). Este par, detalla el documento, se encontrarán brindando apoyo como asesores dentro del pleno a los diputados Mauricio Prieto y (¡sorpresa!) Edna Gisel Díaz Acevedo, la que nada supo ni se dio cuenta (versión oficial).

El escrito de Cabrera Velázquez –fechado el 11 de abril– lleva su firma, pero carece de acuse de recibo (cuando menos un sello) de la Jucopo; tampoco hay constancia de una respuesta oficial y afirmativa por parte de aquella, de tal suerte que nada raro sería, dadas las conocidas cuan reiteradas prácticas hediondas de las empresas políticas que integran Va por México, que dicho documento se haya redactado a posteriori, es decir, tras el escándalo por la injustificada presencia de Paolo Salerno en el pleno, cómoda y descaradamente sentado en una curul y acurrucado con la karateca Edna Díaz Acevedo, y así intentar tapar el hoyo.

Lo cierto es que, como bien apunta la citada información de La Jornada, la presencia de grupos de presión en favor de intereses privados es una práctica normalizada, pero apenas regulada en el Legislativo. Cámaras empresariales, consultoras, ex políticos y servidores públicos se dedican a la promoción de la agenda de privados en la Cámara de Diputados, 63 de ellos con interés específico en temas energéticos. Más allá de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, cámaras industriales, así como despachos dedicados al cabildeo están apostados en San Lázaro con el objetivo de convencer a legisladores para avanzar una regulación en favor de intereses que no son del todo transparentados.

Pero no hay sorpresa: todos los cabilderos, autorizados o no (incluido el ejército de ex funcionarios neoliberales que a eso se dedica y cobra muy bien), y una parte de diputados y senadores, trabajan para cuidar los intereses de los grandes corporativos que saquean al país y, en no pocas ocasiones, descaradamente violan la ley y participan en el fraudulento mercado negro de energía eléctrica, como es el caso concreto –que no el único– de la trasnacional Enel (sin olvidar a Iberdrola y mafias similares).

Ahora, ese grupo de cabilderos y legisladores se concentra en lo indefendible (aunque muy redituable): los intereses de las trasnacionales (Iberdrola, Enel, Naturgy, etcétera), entre ellos el fraudulento mercado negro de autoabasto que han desarrollado en el sector eléctrico, un fraude a la nación. Violan la ley, se enriquecen ilícitamente y todavía reclaman y chantajean. Ante este panorama, es claro que sólo los corruptos votarán en contra de la reforma eléctrica.

Las rebanadas del pastel

Para documentar nuestro optimismo, al chipotle: el INE saboteó la consulta de revocación de mandato al retener mil 360 millones de pesos en sus ilegales fideicomisos (Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera). ¡Tómala, barbón!

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