México y fabricantes de armas de Estados Unidos se carearon ayer por primera vez como parte del litigio civil presentado ante una Corte de distrito de Massachusetts, en el que la parte mexicana acusa a las empresas de prácticas comerciales negligentes, lo que facilita que miles de armas –alrededor de medio millón anual– se trafiquen a nuestro país y terminen en poder del crimen organizado.

Ayer, en una audiencia que se realizó por videoconferencia, los litigantes de las dos partes presentaron sus argumentos orales para que –sumados a los presentados por escrito en sesiones pasadas– el juez federal F. Dennis Saylor determine si admite o no la demanda interpuesta por el gobierno mexicano en agosto del año pasado, en la que reclama una indemnización de 10 mil millones de dólares.

Durante la audiencia, el juzgador preguntó si al aceptar la demanda mexicana se abriría la puerta para que otros países, incluido Rusia, presenten procesos similares contra las compañías. Se refirió a casos en los que se pudo usar armamento de éstas: Italia por los crímenes cometidos por la mafia siciliana, Israel por ataques del grupo Hamas e inclusive el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Si los ucranios están usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o revólveres Smith & Wesson para defenderse, ¿puede el gobierno ruso venir y argumentar que les ha causado daño?, planteó Saylor.

El fondo es que el juez defina si un gobierno extranjero puede o no demandar en Estados Unidos a los productores de armas por daños perpetrados fuera de territorio estadunidense. México en este caso.

Basados en hechos reales

Jonathan Low, uno de los integrantes del equipo legal que representa a México, afirmó que el proceso no se enfoca en casos hipotéticos, sino en hechos reales, como el tráfico ilegal y las prácticas comerciales negligentes de las compañías, pues saben que los grupos criminales compran sus productos, que son una herramienta medular para la generación de violencia en el país.

Lo secundó Steven Shadowen, otro de los abogados de la parte mexicana, al asegurar que si otros países desean demandar, tendrán que cumplir con todos los requisitos cubiertos ya por México.

Circunstancias particulares

Horas más tarde, en una conferencia virtual desde Washington, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, respondió a la pregunta del juez: Las circunstancias de este litigio son propias y particulares de México.

Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson, aseveró que era excesivo acusar a las compañías por la venta a mayoristas de armas legales en Estados Unidos, pues éstos las comercian posteriormente con minoristas, esto incluso antes de que los delincuentes las adquirieran y las traficaran.

El juez Saylor estudiará todos los argumentos, escritos y orales, de las dos partes y demás elementos del caso para tomar su determinación. El consultor jurídico de la SRE estimó que este fallo tardará algunas semanas y dijo que, de no ser favorable a México, se apelará.

Por separado, la agencia Reuters reportó que los cárteles mexicanos parecen estar enviando armas de alto poder a Colombia para pagar los cargamentos de cocaína, un comercio que, según las autoridades del país sudamericano, está alimentando la lucha mortal entre grupos rivales locales por el control del narcotráfico y de sus rutas.