En respuesta del gobierno mexicano al informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores señalaron que se recibía respetuosamente con el compromiso de instrumentarlo de buena fe. Ambas dependencias destacaron que en el documento del organismo hay un reconocimiento a la colaboración del Estado mexicano para su actuación en el país.

Tras destacar que revisarán cada una de las 85 recomendaciones que el comité realiza al país, que derivan de una visita que admitió el gobierno mexicano como muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos así como la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional.

El comunicado conjunto hace énfasis en el reconocimiento que hace el CDF a las medidas que ha adoptado México para enfrentar este delito como la adopción de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley General de Víctimas, así como la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Las secretarías destacan el reconocimiento del comité a la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la creación de comisiones locales de búsqueda y de las Fiscalías Especializadas en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la adopción del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas y del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, y la posibilidad de incorporar a quienes participan en las búsquedas en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Elogios del comité

En el documento del CDF se destaca como un paso importante que el Estado parte haya reconocido la competencia del comité para examinar las comunicaciones individuales, conforme al artículo 31 de la convención. El comité celebra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que reconoce el carácter vinculante de las recomendaciones adoptadas por el comité en el contexto del procedimiento de acciones urgentes.