penas librada la batalla operativa de la ratificación de mandato presidencial (pendientes los litigios que propiciarán organismos opositores y el propio Instituto Nacional Electoral) ha entrado en su fase definitoria la propuesta presidencial de reforma eléctrica que es vigorosamente rechazada por empresas trasnacionales acaudilladas por el gobierno de Estados Unidos y por partidos como Acción Nacional, lo que queda del de la Revolución Democrática (PRD-LQQ) y el siempre negociable Revolucionario Institucional.

Aun cuando anoche ya diputados priístas y perredistas estaban acomodados en San Lázaro para evitar el cerco morenista que eventualmente les impediría entrar al recinto y votar, en la Junta de Coordinación Política de esa cámara se acordó posponer el inicio de la discusión y votación para el domingo siguiente, con lo cual el morenismo se regala tiempo en busca de acuerdos que significarían modificaciones importantes a la propuesta andresina original.

Recuérdese que Morena y sus aliados no tienen el número suficiente de diputados para la mayoría calificada que el caso requiere. El presidente López Obrador por ello ha tratado de sumar una votación dividida de priístas, apelando al sentido ideológico original del PRI, lo que fue el PRD y ahora Morena.

Pero las andanzas colaboracionistas del priísmo con Morena en otros asuntos habían sido frenadas de golpe por la postura del mando explícito del partido tricolor, Rubén Moreira y Alejandro Moreno, e incluso por un acuerdo restrictivo del consejo nacional priísta: que nadie vote a favor de la iniciativa presidencial en sus términos actuales, es el mandato, aunque sabido es que en su esencia el priísmo es practicante de las artes camaleónicas cuyo enunciado más famoso es atribuido al comediante Groucho Marx, con aquella frase de los principios siempre acomodables a gusto del cliente.

El aplazamiento del inicio de discusiones sobre la mencionada reforma pondrá a prueba la unidad de PRI, PAN y PRD, con la sospecha de que este paréntesis súbitamente decidido podría permitir entendimientos del oficialismo con el partido tricolor que estaría dispuesto a que una parte de sus diputados votara con Morena si el mando supremo de este partido aceptara el triunfo en junio de la candidata a gobernar Hidalgo, Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira, coordinador de los diputados priístas.

En ese contexto ha de señalarse que hay razones muy válidas para la pretensión obradorista de cambiar lo acordado por el peñismo en materia eléctrica. Como en otros temas, el aparato gubernamental de alta corrupción, encabezado por el actualmente tan plácido mexiquense, diseñó una reforma energética en general, y eléctrica en particular, para favorecer a grupos empresariales nacionales y extranjeros.

Hoy, el gobierno del presidente López Obrador busca corregir los excesos cometidos por esa pandilla peñista y ha topado con la resistencia de los coaligados de la trampa original, PAN, PRI y PRD-LQQ. En medio está un ingrediente mayor: los intereses contractuales de empresas estadunidenses a las que el gobierno de Joe Biden está defendiendo mediante sombreadas acciones semidiplomáticas y, sobre todo, con el amago de la recurrencia a tribunales internacionales con el tratado comercial norteamericano como justificación judicial.

Y, mientras los opositores al obradorismo siguen voluntariosamente empantanados en una lectura disociada de la realidad respecto a la sucedido el domingo reciente, cuando la llamada 4T confirmó el piso de su voto duro con 15 millones de sufragios a favor de la continuidad del presidente tabasqueño, ¡hasta mañana, con la Fiscalía General de la República dando muestras ya no sólo de TortuGertz, sino de un sospechoso recular en el caso de tres abogados relacionados con el ex consejero jurídico Julio Scherer, contra quienes ya no hubo solicitud de orden de aprehensión por presuntos intentos de extorsión en el caso del litigante de élite Juan Collado!

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