España, Italia, Estados Unidos, Canadá y Japón concentran 93 por ciento de la inversión extranjera directa (IED) en energía eléctrica en México, revelan datos de la Secretaría de Economía (SE). Lo que significa que de cada 10 dólares que entran al país para desarrollar proyectos de generación de electricidad, más de nueve son de dichas naciones, algunas de cuales han amagado con retirar inversiones de aprobarse las reformas al sector.

Cifras de la SE indican que de 1999 a la fecha la IED en generación, transmisión y distribución de electricidad asciende a 20 mil millones de dólares, de los cuales casi 17 mil 500 millones corresponden a empresas de esas naciones, siendo España e Italia las de mayor peso con compañías como Iberdrola y Enel, señaladas por el gobierno mexicano de obtener contratos ventajosos en administraciones pasadas.

Otras empresas extranjeras que tienen inversiones en México en el sector eléctrico son: Acciona, Cox Energy, Siemens-Gamesa, Transalta, Mitsui, InterGen, AES Corporation, entre otras, mismas que han desarrollado varios proyectos relacionados con la generación de electricidad mediante energía hidroeléctrica, eólica, solar o gas.

Por ejemplo: las españolas Acciona y Siemens-Gamesa tienen inversiones en parques eólicos, sobre todo en el sureste del país; la también española Cox Energy cuenta con proyectos de energía solar fotovoltaica; la canadiense Transalta administra proyectos hidroeléctricos; mientras que la japonesa Mitsui y la estadunidense AES Corporation desarrollaron plantas de generación eléctrica y de gas natural.

Al cierre de 2021, la IED de empresas españolas en el rubro de generación de electricidad ascendía a 8 mil 355 millones de dólares, es decir, 41 por ciento de los casi 20 mil millones de dólares que se han invertido en este segmento. Luego viene Italia con 4 mil 336 millones de dólares, seguida por EU con 2 mil 440 millones, Canadá con 2 mil 352 millones y Japón con mil 184 millones.

Aunque los datos de inversión foránea de la SE comienzan en 1999, el sector se abrió a la industria privada en 2013 tras la entrada en vigor de la reforma eléctrica del gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual permitió a las empresas invertir en petróleo y electricidad, ramos que antes estaban reservados sólo para el Estado.

Desde su llegada al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en múltiples ocasiones que la reforma energética de Peña Nieto fue aprobada con sobornos a los legisladores y concedió contratos ventajosos, subsidios y ventajas fiscales a un puñado de empresas extranjeras, las cuales han sido las más beneficiadas.

Ante esto emprendió acciones para revocarla, por ejemplo, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de la constitucionalidad de ciertos cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fue aprobada a inicios del año pasado, pero impugnada. Asimismo, esta semana los legisladores discutirán la reforma eléctrica. Ambas iniciativas buscan fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas.

Los cambios han despertado malestar en firmas y gobiernos de países involucrados en la industria energética mexicana, especialmente de España y Estados Unidos.

Por ejemplo, Katherine Tai, representante comercial de EU, envió una carta a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía de México, advirtiendo que la reforma eléctrica pone en riesgo 10 mil millones de dólares de inversionistas estadunidenses.

Ante esto, el miércoles pasado el presidente López Obrador acusó al gobierno de EU de cabildear tanto en la Cámara de Diputados, como en la SCJN contra la reforma eléctrica.