La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en 2021, así como el proyecto de reforma constitucional que busca hacerla viable, se ubican en clara contradicción con los compromisos internacionales de México en tratados comerciales y de protección de inversionistas, advirtió BBVA México.

De acuerdo con la institución financiera, lo anterior aumenta el costo (en indemnizaciones y represalias comerciales) de una iniciativa que, en caso de ser aprobada, minaría la confianza de los inversionistas en el país, al tiempo que produciría energía eléctrica más cara y contaminante, perjudicando a toda la actividad económica, a los hogares y al erario.

En marzo de 2021 se publicaron reformas y adiciones a la LIE promulgada en 2014, la cual modifica el criterio de despacho al Sistema Eléctrico Nacional, priorizando a las Centrales Eléctricas Legadas (de CFE). El reciente 7 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación no respaldó las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron en contra del decreto del año pasado.

Conflicto comercial

La iniciativa de reforma eléctrica, en los términos presentados, señaló el banco español, además de las severas repercusiones legales y económicas que traería al país, contiene diversos aspectos incompatibles con los compromisos internacionales adquiridos por México, pues da trato preferencial a una empresa local sobre las de otras economías firmantes.

Por ejemplo, apuntó, la asignación arbitraria de al menos 54 por ciento del mercado a CFE, así como las implicaciones que el decreto constitucional tendría sobre el orden de despacho (prioridad a CFE y relegación de renovables), asignaron a dicha comisión una posición dominante en el mercado (además de su control y planeación).

También, señaló, dichas reformas violentan los derechos establecidos por México a favor de los inversionistas extranjeros en diversos tratados de inversión y de libre comercio, debido a que restringen el acceso al mercado eléctrico y representan un retroceso a las garantías otorgadas por México.

Lo anterior abre la puerta a represalias comerciales y pagos indemnizatorios, bajo sólidos argumentos en torno al trato nacional, nivel mínimo de trato y empresas del Estado. Asimismo, debilita hacia el futuro la capacidad de negociación y de defensa de los intereses mexicanos frente a los diferentes socios comerciales, concluyó BBVA.

Nuevo ciclo político

Con la decisión de la Suprema Corte sobre la LIE y la revocación de mandato arrancó un periodo político que podría resultar crucial para la confianza de los mercados financieros. A ellos se suma la discusión y posible votación de la reforma eléctrica y la presentación, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, de una iniciativa de reforma política, consideró Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS.

Lo anterior, aseveró, es el inicio de un periodo político que podría resultar crucial para las aspiraciones del presidente López Obrador y para la confianza de los mercados.

La calificación de grado de inversión de México no está en riesgo en el corto plazo. Sin embargo, la erosión de organismos autónomos y los cambios en las reglas del sector eléctrico, que cambian el campo de juego para los inversionistas privados, podrían pesar en futuras decisiones de calificación para el país, advirtió el analista.