En el periodo de 1951 a 1965, en México hubo una estrategia represiva sistemática y, además, cobijada institucionalmente por el Estado mexicano, que normalizó, encubrió y ocultó, en total impunidad, múltiples violaciones a derechos humanos, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Dichas transgresiones se cometieron particularmente contra ciudadanos militantes o simpatizantes de partidos y organizaciones contrarias al grupo político en el gobierno en turno, expuso.

En un informe especial sobre violación del derecho a la democracia del pueblo y la represión de las garantías de reunión y asociación por el Estado mexicano (1951-1965), refirió que en esos años, en los que gobernó el PRI, según el archivo del general Miguel Henríquez se tiene el registro de 217 muertos, 211 heridos, entre 395 y 595 desaparecidos y 3 mil 416 detenidos arbitrariamente, la mayoría ocurridos en manifestaciones o en actos relacionados con su militancia política.

Un auténtico genocidio, destacando el hecho de que se trata de un registro incompleto, porque en realidad hubo cientos más que fueron torturados, ilegalmente detenidos o sujetos a hostigamiento y vigilancia por las autoridades en todo el país, sin que se haya tenido mayor conocimiento de su destino, subrayó.

La indagación realizada por el equipo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente permitió documentar 38 eventos violatorios de los derechos humanos de los militantes de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano y de otros grupos políticos aliados de éste, como el Partido Agrario Obrero Morelense, expuso.

Con estos hechos, subraya, se comprueba que el aparato represivo tenía como finalidad limitar los derechos civiles de los mexicanos y controlar el ejercicio de la democracia, pero también, en una segunda etapa, garantizar la impunidad, toda vez que se fomentó la desaparición de pruebas y archivos que permitieran la identificación tanto de los delitos como de los infractores.

El informe incluye una serie de propuestas, entre ellas la integración de un plan nacional para la recuperación de la memoria y la verdad histórica de graves violaciones a los derechos humanos por motivos de violencia política y realizar las modificaciones necesarias para la incorporación del tipo penal de desaparición forzada transitoria, por ser esta figura la más idónea para calificar los actos violatorios cometidos por las autoridades durante el periodo de la violencia política del Estado.