Chilpancingo, Gro., Alrededor de 2 mil personas, encabezadas por unos 500 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policia Comunitaria (CRAC-PC), marcharon ayer en Chilpancingo en contra de la iniciativa de ley para los pueblos indígenas, propuesta por el Congreso del estado, de mayoría morenista.

Los contingentes marcharon a las 11 de la mañana hacia las instalaciones de la legislatura estatal, donde realizaron un mitin.

Ahí, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, emplazó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que revise exhaustivamente la documentación que le presentó el lunes la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo, con los resultados preliminares de la consulta que han realizado supuestamente en las comunidades indígenas y afromexicanas, la cual vence el 14 de abril.

Acusó que la legislatura estatal no está haciendo la consulta, levanta actas en las comunidades para que los comisarios las firmen y con eso el 13 o el 14 de abril tengan la documentación necesaria y la presenten ante la SCJN.

La Suprema Corte solicitó realizar una consulta indígena dentro del proceso legislativo de modificación de dos leyes estatales; la número 701, sobre reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, y la 777 del Sistema de Seguridad Pública.

No se hizo la encuesta ni hay diálogo

Rosales Sierra adelantó que se reunirán con la SCJN para exponerle que no se hizo la encuesta ni hay diálogo con los pueblos, incluso desconocen cuál es la iniciativa que los diputados locales están consultando, y será el pleno de la CRAC-PC la que tome una decisión.

Aseguró además que el plebiscito es una simulación porque ni los diputados se pusieron de acuerdo para determinar qué pregunta se haría a los pueblos indígenas.

Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, recordó que el atraco y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se iniciaron con el gobierno de Héctor Astudillo, en 2018, con una reforma que de un plumazo desconoció los derechos de los pueblos, que recurrieron a la movilización, a la SCJN, por lo que varias acciones de inconstitucionalidad se resolvieron a finales de 2019. Denunció también que la consulta está manipulada.