Un juez federal desechó de plano una petición realizada por el panista y ex senador de la República, Jorge Luis Lavalle, para que el Ministerio Público Federal investigara los movimientos financieros que realizó Jesús Caraveo Opengo, quien –según la versión gubernamental– fue el encargado de entregar sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Éste es un revés para el ex legislador, preso en el Reclusorio Norte, ya que al no investigarse las finanzas de Caraveo Opengo, no tiene posibilidad de demostrar si su ex colaborador, convertido en testigo de cargo, se benefició de los recursos entregados por Emilio Lozoya Austin como parte de los sobornos que entregó la empresa Odebrecht.

El juzgado segundo de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, desechó la solicitud de amparo promovida por la defensa del panista y en su resolución estableció que el acto reclamado no le generan ninguna afectación a la esfera jurídica del quejoso, en virtud de que no es un acto que sea de imposible reparación.

De acuerdo con la lista de acuerdos, el juez determinó que tratándose de actos emitidos en el juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando éstos tienen sobre las personas una ejecución de imposible reparación, es decir, que sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales y, en este caso, no se vulneran las garantías del ex senador Lavalle.

Asimismo, resalta que en marzo de 2021, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia presidió una audiencia donde Lavalle pidió que el agente del Ministerio Público solicitara datos financieros de Caraveo Opengo, uno de los testigos de cargo que aportó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para acreditar que recursos de la empresa Odebrecht se entregaron entre 2013 y 2015 a legisladores de diversos partidos para que aprobaran la reforma energética.