a verdadera votación de la reforma eléctrica se perfiló ayer en Palacio Nacional, adonde llegó el comisionado especial de Joe Biden para asuntos del clima, John Kerry (cuyas habilidades, peso político y encargos están por encima de lo ambiental), acompañado por empresarios estadunidenses que, obviamente, vigilan que sus intereses en materia de electricidad, litio y energéticos en general queden bien servidos a la hora en que diputados federales y senadores, probablemente luego de feroces batallas discursivas, terminen aprobando lo que ayer se decidió.

No debe sorprender tal realidad, que se desprende del yugo geopolítico tan sabido. En esta ocasión incluso hay algo más allá de la tradicional imposición de criterios gringos en temas mexicanos trascendentes: el reacomodo mundial, que tiene como bélico escenario inmediato a Ucrania, impulsa a Estados Unidos a controlar con menos miramientos (si es que en algún momento los hubiera habido) a los países que considera deben estar plenamente alineados en lo esencial al imperio en decadencia y, en particular, en cuanto a fuentes de suministro de pertrechos fundamentales para los tiempos de guerra en curso, como los energéticos.

En un claro uno-dos, mientras en México Kerry y sus acompañantes dialogaban, en Washington, en audiencia ante el comité de finanzas del Senado, Catherine Tai, representante comercial de la administración Biden, aseguraba que el Presidente mexicano ya había sido informado por ella de que se estudian todas las opciones disponibles bajo el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá para enfrentar lo que le tiene profundamente preocupada: lo que ha ocurrido a escala legislativa y regulatoria en la industria energética mexicana en los últimos meses.

En ese contexto es que, durante más de cuatro horas, la misión político-empresarial estadunidense dialogó con el presidente López Obrador y la parte de su equipo relacionado con estos temas. Hoy, el mandatario mexicano dará detalles de lo que se habló en esa reunión.

Kerry ya adelantó: acordamos tener un equipo encabezado por el embajador (Ken) Salazar aquí en México, que trabajará con la Casa Blanca y nuestra oficina (la del propio Kerry) para asegurarnos de que lo que salga de este esfuerzo de reforma refleje la mejor forma para avanzar. La discusión, planteó/advirtió, está sobre la mesa aquí en México.

A la cúpula del Partido Revolucionario Institucional no le importó el mal papel de Quirino Ordaz Coppel como gobernador de Sinaloa, ni el sometimiento al imperio del negocio dominante, o el operativo del crimen organizado que el día de los comicios para nuevo gobernador secuestró a los directivos del tricolor para impedir que actuaran, lo que facilitó el triunfo del morenista Rubén Rocha Moya. Lo que más les molestó en la cúpula priísta es que a Ordaz Coppel lo hayan nombrado embajador en España (en pago por abatir banderas electorales, se ha afirmado en esta columna). Así que ayer, muy dignos, los líderes nacionales del minimizado PRI expulsaron de sus filas al mencionado Quirino.

En la guerra de declaraciones y propuestas disparatadas que se libra en el país, diputados morenistas demandaron que el Instituto Nacional Electoral sancione a los artistas y cantantes famosos que hicieron un video crítico sobre el nuevo tramo del Tren Maya, aduciendo que ese material gráfico podría afectar el curso del ejercicio de revocación de mandato. Una comisión del INE rechazó tal pretensión.

Y, mientras la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha hecho una lectura fría y poco convincente de nuevas disculpas a policías capitalinos que la acusaron de varios delitos, sin autenticidad en sus palabras, mero artificio para fines judiciales reparatorios, ¡hasta el próximo lunes, luego de que Gabriel Quadri volvió a generar escándalo en la Cámara de Diputados, ahora al llamar señor Luévano a la mujer trans Salma Luévano, legisladora federal por Morena!

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