Lima. El gobierno de Perú dijo ayer que cumplirá un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) de no liberar al ex presidente Alberto Fujimori hasta que esa instancia pueda decidir sobre una solicitud de medidas provisionales.

El procurador especializado supranacional del Estado peruano, Carlos Reaño, lo confirmó a The Associated Press y dijo que la resolución de la Coridh está siendo notificada a la agencia penitenciaria que administra las cárceles.

Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en 25 asesinatos durante su gestión (1990-2000). Su excarcelación fue ordenada hace 13 días tras una polémica decisión del Tribunal Constitucional.

La noticia del pedido de la ­Corte fue primeramente difundida por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización civil que representa a víctimas del ex presidente.

Daniel Pinilla, director de comunicaciones de CEJIL, informó que el organismo internacional ordenó a Perú que no libere a Fujimori para antes poder garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Fujimori fue declarado culpable en 2009 por su autoría mediata en dos matanzas. Una cometida en una zona pobre llamada Barrios Altos y en la otra fue ultimado personal de una universidad que forma profesores, conocida como La Cantuta.

El ex mandatario iba a ser excarcelado por una orden del Tribunal Constitucional que revivió hace dos semanas un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Fujimori cumplía desde 2007 la sentencia por los asesinatos, ejecutados durante su gobierno por un escuadrón militar clandestino que mataba con impunidad mientras combatía al grupo terrorista Sendero Luminoso.

La decisión del tribunal fue criticada por expertos internacionales. La excarcelación acorta en una década la sentencia de Fujimori, quien tendría que salir de la cárcel en 2032. Además, el ex mandatario está condenado por otros tres casos de corrupción, por los que debe 13.6 millones de dólares por la reparación civil.