l presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que después del 10 de abril enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que incluirá, entre otros asuntos, la elección popular de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En el esquema que propondrá el mandatario, los tres poderes sugerirán a 60 candidatos en ambos casos, y éstos se someterán a una votación abierta entre la población a fin de que se acaben los acuerdos cupulares, ya no haya consejeros y magistrados con actitudes tendenciosas en lo electoral, carentes de vocación democrática y, así, se garantice el respeto del voto y se eviten los fraudes comiciales.

Más allá del destino de esta propuesta en su trámite legislativo, lo cierto es que ambas instituciones están plagadas de vicios tanto coyunturales como estructurales. Por una parte, los funcionarios que en la actualidad controlan el Consejo General del INE se han desacreditado como árbitros al exhibir, sin tapujos, sus tendencias partidistas y usar sus cargos para atacar de manera sistemática a quienes no comulgan con ellas; por otra, la mayoría de los integrantes de ese órgano central fue designada por un Senado cuya conformación no tenía nada que ver con la vigente, con lo que su presencia no sólo responde a intereses facciosos, sino a unos que carecen de cualquier representatividad popular. En este sentido, no puede hablarse de que el INE sea una instancia democrática.

A lo anterior debe sumarse la configuración tecnocrática del instituto, el talante autoritario y elitista con el que se desempeñan sus consejeros, así como las aberrantes atribuciones que ponen al INE y al TEPJF por encima del Ejecutivo y el Legislativo, es decir, de los inmediatos representantes de la soberanía que emana del pueblo. Estas atribuciones sólo se entienden como parte de los pactos cupulares de la era neoliberal, y hoy suponen una prolongación transexenal y espuria del poder de facciones que fueron derrotadas en las urnas y que son, hoy día, expresiones minoritarias.

De este modo, un organismo cuya función debería ser organizar y calificar los procesos electorales se ha convertido en una fuente de polarización, disenso e incertidumbre que carece de capacidad para generar acuerdos y representa la configuración política del pasado, no la del presente. Por todo lo dicho, es de evidente necesidad revisar las atribuciones de los órganos referidos, poner a debate tanto su naturaleza como sus alcances y crear instancias verdaderamente democráticas en sus relaciones con la sociedad, con las demás instancias del Estado y en su operación interna.