Como parte de la construcción de la denominada verdad histórica a la que llegó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), desde el amanecer del 27 de octubre de 2014 cuando se realizó la primera diligencia en el basurero de Cocula –donde se encontraron restos de algunos de los normalistas desaparecidos–, integrantes de la Secretaría de Marina manipularon la escena con tres bultos que bajaron de una camioneta, informó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

A instancias del presidente Andrés Manuel López Obrador, se tuvo acceso al video –que tenía carácter de secreto– porque el secretario José Rafael Ojeda Durán abrió las puertas al grupo en una reunión. En él se aprecia la alteración de la escena por más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las 6:30 hasta las 11 de la mañana, denunció Ángela Buitrago, miembro del GIEI. Toda esta información la desconocíamos durante seis años. Nunca fue entregada ni a la investigación ni a peritos.

Francisco Cox, también parte del GIEI, sostuvo que nos hubiese gustado en este tercer informe dar a conocer el destino de los 43 estudiantes. No hemos podido, esto se debe a la destrucción de evidencias, su ocultamiento y la construcción de una mentira desde las más altas esferas que impide saberlo. No se puede dejar de mencionar la labor que desempeña ilícitamente el crimen organizado, de 22 personas que pudieron tener información y que han muerto, sólo dos por muerte natural. Especialmente un caso, el de (Juan) Salgado Guzmán que muere de 21 disparos en un operativo policial.

Buitrago denunció además que el acta que reporta otros hallazgos en el río San Juan fue una simulación: La agente del Ministerio Público nunca estuvo en el lugar, nunca presenció los hechos que después fueron judicializados. Es un acta viciada por la falsedad, pues ni ella ni los testigos de asistencia se trasladaron en esas fechas a Cocula, la Fiscalía Especializada documentó que ese mismo día realizó diligencias en la Ciudad de México, por lo que actualmente se encuentra detenida”.

El informe agrega que al tener acceso a los archivos de la Secretaría de Marina que se había negado en el pasado, se obtuvieron documentos confidenciales y secretos, como el video en el basurero de Cocula, donde se recogen actividades de la Marina hasta ahora desconocidas y que no constan en ninguna parte del expediente de investigación de la PGR.

El video del 27 de octubre de 2014 pudo ser contrastado con otro documento confidencial y en el que se da cuenta de actividades desde las 6:25 de la mañana, mientras peritos que apoyaban a los padres tuvieron acceso hasta el mediodía.

En sus conclusiones, el GIEI detalla que de la presencia del personal de Marina, Policía Federal y PGR se desprende la manipulación de bultos que bajaron de camionetas, “posteriormente un grupo de elementos descienden al fondo de la hondonada del basurero. Mientras encienden una hoguera en el inicio de la pendiente (…) otros marinos deambulan en la zona donde luego se señaló que se habría dado la hoguera y quema de los estudiantes”.

La especialista denunció que en la construcción de la verdad oficial hubo un conjunto de simulaciones que alteraron sustancialmente el rumbo de las investigaciones. En la actuación de las autoridades encabezadas por Tomás Zerón se reportaron simulaciones de llamadas que nunca ocurrieron; había llamadas anónimas reportadas que no existieron; se entregaron constancias de llamadas telefónicas ficticias por parte de funcionarios de la PGR; se simularon fechas en la captura de detenidos; se suplantaron detenidos; se simularon lugares y fechas donde se efectuaron las capturas cuando en realidad se ejecutaron en otros momentos.

De igual forma, había reportes policiacos que eran falsos; se alteraron las bitácoras de los elementos policiacos; se modificaron los números de las patrullas; se alteraron y se destruyeron evidencias, como el video de los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia; hubo también falsificación por ocultamiento.

De todo ello, dijo, en su momento las autoridades mexicanas deberán deslindar las responsabilidades, incluso hasta el más alto nivel, puesto que el video sobre la manipulación del basurero de Cocula, tomado mediante un dron, sólo pudo ser efectuado con una orden de las más altas autoridades, sea el secretario o el Presidente.