A cuatro meses de su visita a México para sostener encuentros con los diversos actores involucrados, el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas presentará hoy su informe final sobre la desaparición de personas en México. El documento tendrá como precedente sus conclusiones preliminares en noviembre, al término de su visita: en México este delito se registra con una impunidad casi total y estructura que favorece la reproducción y el encubrimiento de los perpetradores.

A diferencia de las resistencias del gobierno mexicano en el pasado, que rechazó las recomendaciones que ya en 2015 y 2017 había realizado este organismo internacional, en esta ocasión el gobierno federal ha ofrecido acatar puntualmente los términos del pronunciamiento del organismo. En el documento que la Secretaría de Gobernación entregó en noviembre, pero que apenas hizo público en vísperas de la sesión de hoy en Ginebra, oficialmente admitía: Es fundamental entender la crisis de desaparición como una obligación de Estado que, además de ameritar reformas importantes para su solución, debe ser asumida por todas las autoridades sin suspicacias y en el entendimiento de que la obligación constitucional y convencional es garantizar los derechos de las personas desaparecidas.

La resolución del comité se difundirá cuando México alcanza 98 mil 546 personas desaparecidas en el registro oficial del Sistema Nacional de Búsqueda. En noviembre, el organismo concluyó de forma preliminar: el comité lamenta profundamente que se mantenga una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio y que imperen la impunidad y la revictimización. El comité observa con preocupación falta de datos confiables sobre desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificar y fosas clandestinas sin atención adecuada.

Durante su visita, los integrantes del comité se reunieron con diversas instancias del gobierno federal, gobiernos y fiscalías locales, organizaciones defensoras de derechos humanos y, principalmente, con colectivos de víctimas de desaparición forzada.

La Secretaría de Gobernación le presentó su diagnóstico de la realidad de las desapariciones en México, asumiendo un contexto de crisis de derechos humanos. En el documento que se hizo público en vísperas de la resolución, igualmente identifica el origen del detonante de esta coyuntura de desaparición exponencial de personas: “A partir de 2007, en virtud de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, se da un incremento en las violaciones a los derechos humanos que incluía, entre otras, la desaparición de personas, pero ahora con un espectro más amplio que no se limita a la desaparición forzada, sino que implica desapariciones por cualquier otro ilícito, entre los que destacan la desaparición por particulares, el secuestro, la trata de personas, el reclutamiento forzado, entre otros”.