etido en mil bretes, el gobierno socialista de España no ata ni desata, aunque sí tiene claro que su función es proteger a las trasnacionales de su país –especialmente las dedicadas a la enerågía– que saquean a terceras naciones, sin dejar a un lado la permisividad del presidente español, Pedro Sánchez, y su pandilla para que aquellas asalten a los propios consumidores de su país. A ello, el gran capital, su gerente en la Moncloa y la colonial diplomacia económica que promueven le llaman certeza jurídica, que no es otra cosa que institucionalizar el atraco.

No es gratuito que el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, subraye: es inadmisible que el gobierno de España pretenda presionar a México para que no se apruebe la reforma constitucional eléctrica y salga en defensa de las trasnacionales españolas que de forma ilegal han obtenido ganancias millonarias, mediante el saqueo de recursos públicos y la corrupción que les permitieron las pasadas administraciones del PRI y del PAN. En este espacio se ha comentado que no resulta novedoso el proceder de ese gobierno socialista, porque su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tiene fama muy bien ganada de ser descaradamente el personero del gran capital español, y suele presumir que la monarquía y su gobierno tienen derecho a defender los intereses de España (léase los del gran capital) ante cualquier circunstancia y ante cualquier país. Y de pilón, el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, amenaza con que Sánchez (ahora defensor, junto con la derecha, de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista) y su pandilla reaccionarán de forma muy clara si es aprobada la reforma eléctrica en México.

Desde el inicio de la presente administración Manuel Bartlett y su equipo en la CFE han documentado el monumental atraco de las trasnacionales españolas que operan en el sector eléctrico mexicano, pero la respuesta de la diplomacia económica ha sido el permanente chantaje y amenaza de los representantes (Sánchez y su pandilla) de esos consorcios, a los que Albares reconoce como reflejo de los valores de nuestra sociedad (¿atracar es uno de ellos?).

Por ello, el director de la CFE, en nombre del gobierno mexicano, los manda a paseo y subraya que no se detendrá la política en defensa de los intereses y la soberanía mexicanos. Los pandilleros españoles parecen ignorar que Iberdrola y las demás empresas de aquel país han actuado de forma ilegal, y mediante trampas, triquiñuelas y otras corruptelas que les permitieron los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, formaron grandes negocios a costa del erario ( La Jornada, Andrea Becerril).

Así, Bartlett subraya que podría haber denuncias, incluso penales, contra las compañías españolas; asombra que el gobierno de Pedro Sánchez defienda a las trasnacionales que en su propia nación han provocado graves problemas económicos y sociales por las altísimas tarifas que cobran, ya que no les importa el bienestar de su ciudadanía, sino las ganancias ilimitadas. ¿Pretenden acaso que en México se dé una situación similar? Por supuesto que no lo vamos a permitir, y con la reforma se busca que el Estado recupere la rectoría del sistema eléctrico, del que depende la seguridad del país y el bienestar de la población. ¿Cómo pueden (Sánchez y su pandilla) defender inversiones basadas en la corrupción y en la violación flagrante de la ley mexicana (ídem).

Pero no sólo aquí. En España, con la connivencia de Sánchez y su pandilla, los consumidores han sido devastados, exprimidos por sus trasnacionales de energía eléctrica: “el precio de la electricidad está fuera de control y las perspectivas del futuro inmediato son pesimistas … las intransigentes empresas se niegan a perder beneficios” ( La Jornada, Armando G. Tejeda), es decir, allá ejercen la certeza jurídica que pretenden obtener en México. Ante este panorama, los legisladores mexicanos deben aprobar el marco jurídico del sector eléctrico para seguridad de México y los mexicanos, a menos que quieran bailar flamenco –coimas de por medio– al ritmo que les marquen las trasnacionales madrileñas. Y en la derecha autóctona a muchos les encantaría ser bailaores con cheque en mano.

Las rebanadas del pastel

Joe Biden se vio en el espejo, y en un ejercicio autocrítico reconoció: por Dios, este hombre no debe seguir en el poder.

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