ntrevistado por este diario, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, respondió de manera contundente a las declaraciones injerencistas realizadas esta semana por el secretario de Estado español para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo. El funcionario mexicano calificó de inadmisible que Madrid pretenda presionar a México para que no se apruebe la reforma constitucional eléctrica y que salga en defensa de multinacionales españolas que han obtenido ganancias millonarias de forma ilegal, a través del saqueo de recursos públicos y la corrupción que les permitieron las pasadas administraciones del PRI y el PAN.

Bartlett descartó que la iniciativa de reforma en materia eléctrica, que se discutirá en el Congreso, viole tratados internacionales, además, cuestionó que se defiendan inversiones basadas en la corrupción y en la violación flagrante de la ley mexicana. En particular, señaló el desfalco a las arcas públicas perpetrado mediante la figura del autoabasto, con la cual venden electricidad a sus clientes sin tener derecho a ello y sin pagar por el uso de la red construida y operada por la CFE para la transmisión de dicha energía. Ante éstas y otras tropelías cometidas con la complicidad de los gobernantes neoliberales, Bartlett sostuvo que los contratos ilegales no sólo no son intocables, sino que pueden ser motivo de responsabilidades penales.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que quienes hablan de pérdidas millonarias con la cancelación del autoabasto o están desinformados o pertenecen a los grupos privilegiados por subsidios a expensas el Estado. El mandatario ejemplificó que las amenazas de invocar tratados internacionales o acusar a su gobierno ante instancias extranjeras son reacciones ante el combate a la corrupción, pero advirtió que éste no se detendrá, puesto que México no es tierra de conquista. Y, al llamar a los legisladores a aprobar la reforma, sentenció que el único amo que tiene un servidor público es el pueblo, y los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los negocios públicos.

Como han dejado en claro el Presidente y el director de la empresa estatal, la defensa de la soberanía y los intereses nacionales no pueden quedar supeditados ni ser condicionados por privilegios facciosos ni por agentes foráneos y, en el caso del debate en torno al futuro de la industria eléctrica, la prioridad es devolver a este sector su papel como palanca del desarrollo en beneficio de las mayorías. Así deberán entenderlo quienes, dentro o fuera del país, se empeñan en mantener esquemas corruptos y lesivos para el erario y la seguridad energética de México.