En el reporte del gobierno federal emitido ayer sobre las investigaciones ministeriales de delitos de alto impacto sobresalen los casos ocurridos recientemente en Michoacán, Zacatecas y Sonora.

De la primera entidad, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que el asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia, fue en represalia de un grupo porque la víctima no impidió la entrada del Ejército para retomar el control en la región. Informó que ya se identificó a los autores materiales e intelectuales de los hechos, por quienes se solicitarán órdenes de aprehensión.

Este evento fue perpetrado por un grupo criminal a raíz del programa de intervención que ordenó el Presidente y que coordinó la secretaria (de Seguridad) Rosa Icela (Rodríguez) y, con posterioridad, la recuperación territorial de la Secretaría de la Defensa Nacional de Aguililla y de Coalcomán, y de la región de Tierra Caliente en Michoacán, uno de los móviles es que como el alcalde no fue eficaz para impedir esta presencia (de fuerzas federales), una célula criminal habría tomado como represalia su vida, dijo el funcionario.

En tanto, del asesinato del periodista Armando Linares, de Zitácuaro, Michoacán, se revelaron los nombres del autor material, Carlos Gerardo Sánchez Mendoza, y del cómplice de éste, Magdiel Urbina Chimal, así como sus rostros. La fiscalía general del estado ofrece una recompensa de 100 mil pesos por cada uno por su probable responsabilidad en el homicidio del comunicador.

El Ministerio Público obtuvo la orden de captura respectiva, misma que fue otorgada por el juez de control.

El subsecretario reportó también sobre los avances en la investigación del asesinato de mujeres y niños integrantes de la familia Langford-Miller, en Bavispe, Sonora, cuyas pesquisas están a cargo de un grupo interinstitucional coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Al momento han sido detenidas 29 personas vinculadas al caso.

En el reporte denominado Cero impunidad también se informó de la desarticulación de la célula del cártel Jalisco Nueva Generación en Cancún, de operativos antidrogas en la zona costera de Tulum y de otros sucesos violentos en Playa del Carmen, Quintana Roo, además de la detención de multihomicidas en Oaxaca.

Igualmente se dio un corte del operativo Cero impunidad en Zacatecas, a partir del cual se ha detenido a 52 generadores de violencia, siete de ellos ya sentenciados. En estas acciones destacan además las sentencias de hasta 95 años de prisión a secuestradores. En un operativo similar, con el apoyo de fuerzas federales, en Cajeme, Sonora, se indicó que han sido detenidas 94 personas.

Mejía añadió que, a nivel nacional, en febrero pasado se obtuvieron 44 sentencias por el delito de secuestro que van de 25 a 110 años de prisión; doce de estas personas se encuentran en prisiones del estado de México, ocho en Zacatecas, cinco en Querétaro e igual número en Tabasco.