El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, demandó ayer que se cumplan los contratos y acuerdos en materia eléctrica realizados con las empresas al amparo de las leyes existentes y con las que se ha invertido.

La petición del diplomático tiene lugar cuando la discusión sobre la reforma eléctrica avanza hacia la dictaminación de la iniciativa en comisiones de la Cámara de Diputados.

Los morenistas Juan Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez pidieron al embajador estar tranquilo, pues las inversiones nacionales y extranjeras presentes y futuras que estén apegadas a la ley, tendrán todas las garantías para seguir presentes en México.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, precisó que se está trabajando en ese tema. Pero el propio tratado de libre comercio señala que no se puede respetar lo que es ilegal, expuso.

Ken Salazar participó en la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en la Cámara de Diputados, donde advirtió que, si no hay confianza, no habrá inversión y ésta se requiere en el sureste mexicano del país y en muchos lugares.

También se refirió a los parques eólicos que hay en Oaxaca y se preguntó cómo están beneficiando a la población. Estimó que los cambios deben hacer llegar ventajas al pueblo oaxaqueño y de otras entidades que migran a su país. Se necesita crear oportunidades para que la gente tengan esperanzas en el lugar de donde viene, añadió.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía se declararon ayer en sesión permanente al aprobar el método de trabajo para la dictaminación de la iniciativa de reforma eléctrica. El presidente de la segunda, Manuel Rodríguez, expuso que las inversiones de quienes ya están presentes en el país, están garantizadas.

Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que el diplomático debe estar tranquilo porque los contratos serán respetado. Así está planteado en la iniciativa.

Estimó que algunas empresas han leído de manera apresurada la propuesta de cambio, luego de destacar que la Corte ha determinado cuáles son los alcances de los contratos que no corresponden a la ley. Esa es la parte que en la iniciativa no se reconoce. Los que responden a la ley, serán respetados, insistió.