San Salvador. Decenas de salvadoreños y extranjeros participaron ayer en una colorida peregrinación para recordar los 42 años del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien en octubre de 2018 fue canonizado por el papa Francisco.

Portando carteles con su rostro y frases célebres pronunciadas por él, niños, mujeres y hombres recorrieron casi 10 kilómetros de la capital de El Salvador –mientras en los altavoces se escuchaban sus homilías– hasta llegar a la catedral metropolitana, donde se encuentra la tumba de quien llaman San Romero de América.

Los actos conmemorativos se iniciaron con una misa concelebrada en la capilla del Hospital Divina Providencia, donde asesinaron a Romero en 1980. Que viva San Romero de América, dijeron los sacerdotes al final de la homilía.

Aquí lo mataron y lo mataron por defender a los más pobres, por defender al pueblo. Pero él sigue vivo, monseñor vive en el pueblo, dijo Tomás Pérez, un hombre de 62 años que en su camisa de color negro destacaba el rostro del arzobispo mártir.

Romero –llamado también La voz de los sin voz por abogar por los más pobres e indefensos durante la década de 1970– fue asesinado por un francotirador con un disparo al corazón cuando oficiaba misa en la capilla de un hospital para enfermos de cáncer terminal, un 24 de marzo. Unos días antes había pedido a los militares en una homilía que cesara la represión. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!, dijo Romero en la homilía antes de que mandaran matarlo.

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluyó que el ya fallecido mayor Roberto d’Abuisson –fundador del partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que gobernó el país durante 20 años (1989-2009)– fue el autor intelectual del crimen.

El reporte concluyó también que los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila tuvieron participación en la planificación y conducción del asesinato, así como otros dos civiles.

Sin embargo, los responsables del delito no han sido castigados debido a una ley de amnistía promulgada en 1993 durante el gobierno del ex presidente Alfredo Cristiani, unos días después de que fuera divulgado el informe de la comisión de la ONU.

En mayo de 2017, un año después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía General que impedía investigar y juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un juez ordenó reabrir la investigación por la ejecución extrajudicial del arzobispo, pero el juicio no registra avances para procesar a los autores materiales e intelectuales.