Hoy se cumplen cinco años del asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y su caso sigue a la espera de justicia, y se sancione a los autores intelectuales y materiales que intervinieron en el ataque cometido la mañana del 23 de marzo de 2017.

Hasta hoy están pendientes de ejecutar dos órdenes de aprehensión contra el autor intelectual, Crispín Salazar, líder del grupo conocido como Los Salazar, organización ligada al cártel de Sinaloa, y uno de los autores materiales, Wilbert Jasiel Vega Villa, quien facilitó el domicilio donde se planeó el ataque y se ocultaron los homicidas.

De acuerdo con las constancias ministeriales, Crispín Salazar le preguntó a su hermano Adán, quien está preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) uno, Altiplano, en fechas cercanas al 23 de marzo de 2017 si quería o no que Miroslava fuera asesinada, y Adán contestó: tú decídelo. Miroslava fue privada de la vida.

En este caso siguen sujetos a investigación el ex secretario particular de Javier Corral Jurado, ex gobernador de esa entidad, y dirigente estatal de ese partido en 2017, José Luévano Rodríguez, así como el ex vocero blanquiazul Alfredo Piñera. De acuerdo con el expediente que judicializó la Fiscalía General de la República (FGR), ambos colaboraron con el ex alcalde de Chínipas, el también panista Hugo Amed Schultz Alcaraz, cuando éste vía telefónica exigió a la periodista le revelara las fuentes que le proporcionaron información relacionada con los familiares de integrantes del crimen organizado que serían candidatos a cargos de elección popular por PRI y PAN en municipios la zona serrana de Chihuahua.

Sara Mendiola, asesora jurídica de la familia de Miroslava Breach en las investigaciones y proceso penal de este hecho, señaló a cinco años del homicidio de la periodista: Justicia a medias no es justicia, es impunidad, y para nosotros este caso sigue a medias. Esto no concluirá hasta que todos los responsables sean llevados ante un tribunal.

Reveló: “Desgraciadamente la fiscalía del estado de Chihuahua –durante el gobierno de Corral– no generó las investigaciones necesarias y oportunas. Recordemos que durante 11 meses esa fiscalía (que estaba cargo de César Peniche) no dio acceso a la carpeta de investigación a la familia de Miroslava con el argumento de que no eran víctimas y por consecuencia tampoco a nosotros como asesores jurídicos.

Fueron 11 meses que se perdieron de investigación, en los que no supimos qué se estaba indagando, que líneas de investigación se estaban desarrollando. Se perdió mucha evidencia. Fue hasta que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión logra la atracción del caso, y fue cuando nos dimos cuenta de que efectivamente no se había seguido una línea de investigación que relacionara a los tres actores políticos de los que siempre se habló (los panistas), dijo Sara Mendiola.

El trabajo periodístico de Miroslava Breach destacó por denunciar los abusos contra campesinos e indígenas de la sierra de Chihuahua, los desplazamientos de habitantes de comunidades por el impacto y la violencia de las bandas criminales. Pero en 2015 publicó una investigación en la que evidenció a los candidatos a las presidencias municipales que estaban afiliados al PAN y al PRI, y que tenían una relación o pertenencia al crimen organizado, y también un reportaje que puso al descubierto que los jefes de Seguridad Pública de los municipios serranos pertenecían al grupo criminal de Los Salazar. Esas investigaciones son claves para detonar la orden de agresión contra ella y su consecuente ejecución, señaló Mendiola.

A cinco años del homicidio de Miroslava Breach, quien disparó en su contra, Ramón Zavala, fue asesinado en diciembre de 2017 en Sonora; otro de los autores materiales, Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, fue sentenciado a 50 años de prisión, y el panista Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien se declaró culpable y no quiso aportar a la FGR mayores datos para este caso, fue sentenciado a ocho años de prisión, sin posibilidades de impugnar su condena.

Así, la justicia no llega para quien, con su labor diaria en el periodismo, se dedicó a reclamarla.