El opositor Aleksei Navalny, quien cumple una condena de dos años y medio de privación de libertad, tendrá que pasar nueve años más entre rejas por estafa y falta de respeto a una jueza, según dictaminó ayer la corte del distrito moscovita de Lefortovo, que realizó el nuevo juicio en el mismo centro de reclusión IK-2 en la ciudad de Pokrov, región de Vladimir.

La jueza Margarita Kotova, citada por la agencia noticiosa oficial Tass, determinó: Navalny es culpable de estafa por apropiarse de bienes ajenos mediante el engaño.

Según la fiscalía, los seguidores de Navalny, con el pretexto de luchar contra la corrupción llevaban a cabo actividades extremistas, recibiendo donaciones para una meta a sabiendas incumplible: su postulación como candidato presidencial en 2018, puede leerse en la sentencia.

El Comité de Instrucción de Rusia, al anunciar en diciembre de 2020 que había elementos para fincar responsabilidades a Navalny por haber reunido 588 millones de rublos (114 millones de pesos al tipo de cambio de ayer) en donaciones y había gastado, con fines personales, 356 millones de rublos (69 millones de pesos). Entre otras pruebas inverosímiles que después quedaron rechazadas, figuraron el pago de un corte en una peluquería de Alemania o una suscripción a Netflix, que se hicieron con una tarjeta suya y que sus abogados demostraron que los ingresos declarados del opositor eran superiores a la suma que se dice que se robó.

Durante años, las autoridades rusas trataron de probar, sin éxito, que Navalny era financiado por Estados Unidos. Entonces, optaron por colgarle la etiqueta de estafador que, además, ofendió a la jueza Vera Akimova –de quien puso en duda su capacidad profesional y dijo que era una pobre tonta– durante su juicio anterior, en el cual ya había sido condenado a pagar 850 mil rublos (164 mil pesos) a un veterano de la Segunda Guerra Mundial, Ignaty Artemenko, que se sintió agraviado por el opositor que lo llamó lambiscón ignorante por participar en una campaña de promoción de las enmiendas de la Constitución.

Al final, la fiscalía sólo pudo presentar a cinco testigos de cargo, que se sintieron estafados, y en pleno juicio, que tuvo diez sesiones, uno de ellos, Fiodor Gorozhanko, que trabajó en una de las organizaciones creadas por Navalny, se desdijo de la acusación y la llamó absurda. Poco después, Gorozhanko salió de Rusia.

Pero para la justicia rusa está demostrado que Navalny estafó a sus donantes por 2 millones 630 mil rublos (cerca de 500 mil pesos), aunque decenas de miles de rusos no formularon ninguna queja, conscientes de que sin sus aportaciones voluntarias no hubieran podido funcionar el Fondo de Lucha Contra la Corrupción (FLCC) y otras iniciativas del principal rival del presidente ruso, Vladimir Putin.

La defensa presentó a 30 testigos, asiduos donantes del FLCC, que declararon en el juicio que no se sentían estafados, mientras Navalny, al ser interrogado el 11 de marzo, se declaró inocente y afirmó que los testigos de cargo se ven como falsos y obligados a declarar en mi contra.

El opositor, apenas se dio a conocer la sentencia, hizo saber su opinión a través de Twitter: “Nueve años. Qué le vamos a hacer. Como decían los protagonistas de mi serie favorita The Wire (El Cable): ‘You only do two days. That’s the day you go in and the day you come out’ (Sólo tienes dos días: el día que entras y el día que sales). Hasta tenía una camiseta con ese lema, pero las autoridades carcelarias me la quitaron por considerarla extremista”.

Después se difundió una declaración de Navalny, en la cual agradece a todos por el apoyo brindado y subraya: la mejor forma de ayudarme, igual que a otros prisioneros políticos, no es lamentándose y pronunciando palabras de ánimo, sino haciendo algo. Y exhorta a sus seguidores a hacer cualquier acción contra el régimen de Putin, que nos miente y roba. Cualquier acción contra estos criminales de guerra.

La víspera de que concluyera el enésimo juicio contra Navalny, su equipo de colaboradores dio a conocer una nueva denuncia, con resumen incluido en un video en YouTube sobre el lujoso yate Sheherezade, atracado en un puerto del norte de Italia, de 140 metros de eslora, valuado en 700 millones de dólares y cuya tripulación está integrada casi totalmente agentes del Servicio Federal de Protección, el cuerpo de élite que cuida la tranquilidad del primer círculo presidencial en Rusia.