s costumbre de la columneta, cuando decide abordar un asunto que inevitablemente la meterá en embrollos, recurrir al acompañamiento de algunos padrinos o ángeles de la guarda (bodyguard, le llamaría Whitney Houston a Kevin Costner en 1992, en el filme homónimo de Mick Jackson). Los guardas encargados de ayudar, proteger y vigilar a los humanos (y por supuesto, asesorar y coachear a la columneta) son miembros de las nueve jerarquías que existen en torno al Supremo Hacedor, para glorificarlo permanentemente y dar testimonio de su inconmensurable y eterno poder. (Te fregaste, Luzbel, te fregaste). Si llega a ser del interés de alguien conocer cuáles son esas divinas jerarquías celestiales, sus territorios y campos de acción, me lo dicen y les platico el chisme completo.

Bueno, pues para esta ocasión he recurrido a una pareja de clase superior, para que me impida errar más de lo acostumbrado. Se trata de mis asesores Joan Corominas y María Moliner. El primero, filólogo catalán (1905-1997), autor del diccionario esencialmente crítico etimológico considerado la historia de las palabras. Ella (1900-1981), filóloga y lexicógrafa. “Realizó –dice García Márquez– una hazaña sin precedentes: escribió, a mano, el diccionario más completo, útil y acucioso de la lengua castellana”. Y algo más que asombra y conmueve: al final de su existencia, María perdió, por una gravísima afección cerebral, la memoria y el lenguaje. Ella, la que nos dio un universo de signos, sonidos, que fue capaz de explicar los nombres de cuanto éramos capaces de ver degustar, oler, palpar y aun imaginar y pensar.

Con su guarda y tutela me permito intentar descifrar unas cuantas palabras que, reunidas, forman un hórrido galimatías que tiene la macabra consecuencia de trasmitir mensajes diametralmente contrarios a los propósitos originales. Hablemos primero de la consulta popular que habrá de celebrarse el 10 de abril. Este cuestionamiento a los ciudadanos sobre sus análisis, razonamientos, percepciones, deducciones, sentimientos sobre los tres años de gobierno de la 4T, como no se ha llevado a cabo, no podemos calificarla, nominarla anticipadamente como Ley Federal de Revocación. Los resultados que la columneta espera de esa consulta serán la evidencia de que el nombre otorgado a este ordenamiento jurídico representa un verdadero prejuicio, vocablo que el diccionario de Oxford Languages define como opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. La ley de revocación no fue concebida, ni votada y promulgada con el objetivo prestablecido de obtener una opinión mayoritaria en favor de una revocación del mandato. Conviene recordar que consulta es una palabra derivada del latín consultare, que puede entenderse como pedir consejo, y, por su parte, el vocablo popular nos llega también de latín populares, y significa relativo al pueblo. La realización de la consulta es una obligación constitucional del INE que responde a un derecho fundamental de los ciudadanos: la elección de sus gobernantes. Luego entonces, nominar a este proceso de participación democrática popular, con uno solo de los términos de la disyuntiva, de la alternativa propuesta, es una inducción groseramente violatoria de la neutralidad a la que está obligado el árbitro. Lo correcto sería que, siendo aún presidente AMLO el día de la votación, el cuestionamiento fuera formulado en razón de este estatus o, más sencillo aún, preguntar escuetamente “¿Considera usted que López Obrador debe continuar como presidente de México? Encerrados en sendos círculos un SÍ y un NO permitirían a los votantes expresar fácilmente, con un simple tache o palomeo, su voluntad inatacable. Pues precisamente por ser inatacable, los padrinos del INE, que no son más de dos, están empeñados, afiebrados, en la tarea de descarrilar (ante la imposibilidad de ganar) la creciente oleada de concientización política, de participación popular y, por supuesto, de sostener de frente a la luz y dentro de la legalidad sus ambiciones a la corta y a la larga. Ambiciosos, embriagados de poder, prebendas y privilegios, están cruzando la línea que divide el territorio de la impunidad con el de la obligada y merecida respuesta. Nos restan dos lunes para platicar sobre dos temas esenciales dentro de este ya inminente proceso de consulta popular: los partidos políticos. ¿Qué son, qué fines los justifican, explican y legitiman? Veremos qué estipulan la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos. Y veremos también cómo la misión de los órganos autónomos y los tribunales, creados por el Poder Legislativo para proveer, auspiciar, proteger, acrecentar el espíritu democrático dentro de nuestra gente, se extravía y se pervierte. El acaparamiento de bienes y privilegios en unas cuantas manos (por más privilegiadas que sean de una exquisita manicura), no puede continuar. Nadie quiere que el INE desaparezca, por supuesto que no, pero tampoco podemos seguir tolerando a la Tremenda Corte manejando, a su antojo, la vida política del país.

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