l 10 de marzo pasado, el Parlamento Europeo, con 607 votos en favor, dos en contra y 73 abstenciones, emitió una resolución sobre la situación de los periodistas y defensores de derechos humanos en México, que provocó una réplica sui generis del encargado del Poder Ejecutivo, en la que tilda de borregos y reaccionarios a los diputados de ese organismo, y donde se usa el discurso nacionalista de que México no es tierra de conquista, ya no es colonia de nadie, sino un país libre, independiente y soberano. Sin embargo, tan inusitada nota diplomática difuminó la litis del reclamo inicial, el cual, en consecuencia, no fue analizado ni reconocido a profundidad, y la narrativa oficialista rápidamente puso en el centro del debate la defensa de la soberanía nacional versus la injerencia colonialista al servicio de los enemigos de la Cuarta Trasformación. Esto es, no hubo una respuesta de Estado.

La resolución del Parlamento Europeo, en realidad, se fundamenta en hechos investigados, denunciados y condenados, en primer término, por numerosos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre el asesinato, desaparición forzada, acoso, vigilancia gubernamental y amenazas a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y defensores del ambiente, los territorios y recursos naturales, incremento de la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

En el considerando B de la resolución se sostiene que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de zona oficial de guerra y, por tercer año consecutivo, el país más peligroso del mundo para los periodistas y ocupó el puesto 143 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2021. Se considera que 2022 marca el comienzo de año más mortífero para los periodistas, con al menos seis asesinados, y que la situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018, y que al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces, según fuentes oficiales.

El considerando G destaca: Que la corrupción institucionalizada y generalizada, inducida por un sistema judicial deficiente, genera un problema endémico de impunidad, ya que casi 95 por ciento de los asesinatos de periodistas permanecen impunes, que, como ha señalado la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta impunidad envía un mensaje de permisividad de la violencia, lo que alienta la comisión de nuevos delitos y genera un efecto de autocensura; y que el gobierno mexicano no ha llevado a cabo de forma adecuada las reformas necesarias para reducir la violencia y la impunidad, incluidos los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.

La resolución también considera “que existen claros indicios de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinados a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos,” aunque, sin duda, fue el considerando E el que más provocó irritación en Palacio, ya que se refiere a la “retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas… (Esta) retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”.

La resolución no profundiza en aspectos claves para entender la violencia en México. Por ejemplo, su estrecha relación con el proceso de recolonización de los territorios rurales y urbanos por parte de las corporaciones capitalistas (incluido el crimen organizado) y los megaproyectos neoliberales del actual gobierno, a la par de una creciente militarización en marcha, que en nada coadyuva a disminuir violencias, delincuencias e impunidades. Tampoco se preocupan los diputados de inquirir en los daños que causan sus empresas.

Paralelamente, la nota diplomática exhibe incongruencias en el tema del nacionalismo y la defensa de la soberanía, como la toma de la planta de Bonafont-Danone por la Guardia Nacional, en beneficio de una trasnacional extranjera y en perjuicio de los pueblos del entorno; el papel subordinado de contención de la migración hacia Estados Unidos que está cumpliendo nuestro país; la insistencia en el proyecto de Corredor Interoceánico, para conectar las costas este y oeste de nuestros buenos vecinos; o las próximas maniobras militares del Comando Norte en territorio nacional, que, obviamente, no parecen temas de interés de la clase política.

A Gustavo Esteva