Asunción. El gobierno de Paraguay anunció la creación de un fondo para subsidiar el precio de los combustibles y evitar nuevos incrementos, en medio de protestas de trabajadores del transporte debido a los recientes aumentos tras el alza del precio del petróleo.

El fondo tendrá un capital inicial de 100 millones de dólares producto de un préstamo acordado con un organismo internacional y se aplicará en principio al diésel común, el más usado en la producción agrícola y el transporte público, informó el lunes en rueda de prensa el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.

El principal objetivo del fondo es atenuar las fluctuaciones y dar cierta previsibilidad a los actores económicos, agregó el ministro. El proyecto de creación del fondo aún debe ser aprobado por el Congreso.

Los precios de los combustibles en Paraguay, importador neto, subieron casi 40 por ciento interanual hasta febrero pasado, impulsando la inflación, que se disparó casi 10 por ciento interanual el mismo mes, según el Banco Central.

La tendencia afecta en especial a la cadena de producción de soya en el país, cuarto exportador mundial de la oleaginosa, que sufre además los efectos de una severa sequía.

El gobierno aseguró que mantendría los precios de la empresa estatal Petropar para todos los combustibles durante el resto de marzo y abril, mientras camioneros, taxistas y conductores de plataformas digitales protestaban en varios puntos de Asunción y Ciudad del Este, en la frontera con Brasil.

El anuncio del gobierno no frenó las movilizaciones y camioneros afiliados al Sindicato de Trabajadores del Transporte de Cargas se concentraron ayer en las cercanías de esta capital para exigir cumplimiento del precio de flete y denunciar el alza de los combustibles.

La protesta podría alcanzar carácter nacional mañana, de no existir una respuesta convincente del gobierno, declaró el secretario general de la organización, Diego Bogarín, a radio Monumental.

El dirigente sindicalista denunció también el incumplimiento de la creación de leyes laborales del gobierno de Mario Abdo Benítez y de agroexportadoras multinacionales con las que se firmaron acuerdos.