México logró consolidar un marco legal e institucional para enfrentar el grave problema de la desaparición forzada, pero es insuficiente para revertir las cifras que se ubican cerca de 100 mil desaparecidos, afirmó el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado. Desde hace 10 años, se le recomendó retirar a los militares de tareas de seguridad pública y lejos de ello se ha ampliado y extendido a otros rubros, agregó.

Durante el conversatorio A 10 años del primer informe sobre desa-parición forzada en México, Fernández Maldonado identificó en el sexenio de Felipe Calderón el detonante de este fenómeno, cuando se adoptaron dos decisiones fundamentales: el cierre de las investigaciones de la guerra sucia con la fiscalía especializada y la incorporación del paradigma militar como eje de la estrategia de seguridad.

Luciano Mazan, del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU, calificó de escalofriante la cifra de 100 mil desaparecidos, si bien celebró la construcción institucional para afrontar esta condición. México tiene un marco legal e institucional adecuado pero esto no debe hacer caer en el fetichismo normativo y asumir que con ello se resolverá la emergencia, porque por sí solo no se logra, pues se requieren acciones concretas.

A diferencia de otros países con cifras elevadas de desaparición en América Latina, en México la dinámica permanece, por lo que hacen falta esfuerzos descomunales y políticas sostenidas para revertir las tendencias. Alertó sobre los elevados niveles de impunidad.

Blanca Martínez del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios sostuvo que la magnitud del problema reflejado en las cifras oficiales es indignante, reflejando que la lucha de las víctimas se prolongue por varios años. Consideró que a pesar del avance, aún persiste una manipulación de cifras oficiales como uno de los graves problemas y, aunque se han instrumentado acciones, este gobierno tiene responsabilidad porque la desaparición forzada es un delito continuado.

Adela Alvarado, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, declaró que la desaparición forzada lacera a las familiares que llevan años demandando justicia.