El Senado de la República recibió ayer el decreto de la Cámara de Diputados aprobado la semana pasada para interpretar la veda electoral y definir que no se considerará propaganda gubernamental durante las campañas y la consulta de revocación de mandato a las opiniones de funcionarios, incluido el Presidente, y acotar las disposiciones que en la materia ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE).

De inmediato, la presidenta de esa Cámara, la morenista Olga Sánchez Cordero, lo turnó a la Comisión de Gobernación para su dictamen y se prevé que mañana el pleno lo discuta y lo avale con la mayoría de Morena y sus aliados.

En el decreto de la Cámara de Diputados se interpreta el alcance de lo que se entenderá por propaganda gubernamental: el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público (poderes de la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como órganos constitucionales autónomos o cualquier otra dependencia o entidad de carácter público) con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines, o información de interés público referida al bienestar de la población, cuyas características deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El texto agrega que no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.

Tampoco lo es la información de interés público, conforme al articulo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas.